Ni la presión del sector crítico, ni las acusaciones de 'autoritarismo' consiguieron desplazar de la cúpula de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) a su única cabeza visible durante sus dos años de existencia. Rosa Díez se vio ayer respaldada por una considerable mayoría de los afiliados del partido españolista que renovaron su confianza en la política vasca para los próximos cuatro años.

La candidatura de Díez para el nuevo Consejo de Dirección de UPyD obtuvo 1.417 votos (78,24%), mientras que la alternativa de Valia Merino logró 332 (18,3%). De los 4.781 militantes llamados a votar, participaron 1.811. La organización del congreso no especificó cuántos de esos 62 votos de diferencia eran papeletas en blanco o nulas.

Merino acusó de desfalco a Díez, que le instó a ir a los tribunales

La victoria de la ex socialista fue clara, pero en ningún caso fue rotunda. El I Congreso de UPyD que se está celebrando este fin de semana en Madrid, y que ha reunido a cerca de 500 delegados del partido llegados de todo el país, ha evidenciado una creciente división interna.

El viernes se produjo un 'acalorado debate con intervenciones a gritos' entre Díez y Merino antes de que se aprobara el informe de gestión de la portavoz, según explicaron ayer algunos de los delegados. El candidato crítico censuró el 'autoritarismo' de la política vasca y la acusó de provocar un desfalco en las cuentas de la formación. Ella le emplazó a acudir a los tribunales.

El descontento de una parte del partido era evidente incluso antes de conocer los resultados de la votación al Consejo de Dirección. Varios militantes críticos plantearon la posibilidad de marcharse del partido. 'Si tú te vas yo también me voy', le decía uno de ellos a otro.

El partido se niega a admitir otra sensibilidad que no sea la española

Al margen de las disputas internas, todos los militantes afiliados a UPyD antes de la convocatoria del cónclave los 4.781 se pronunciaron desde el viernes y hasta última hora de ayer para decidir cuál iba a ser la nueva cúpula del partido. Lo hicieron a través de un novedoso sistema de voto electrónico 'más confidencial ' y que 'profundiza la democracia interna del partido', según explicó el pasado miércoles el responsable de Comunicación, Carlos Martínez Gorriarán.

La novedad tampoco les gustó a los críticos. Merino consideró que el sistema favorecía la victoria de Díez 'ya que es necesario que los afiliados se desplacen a votar a las terminales situadas en distintas capitales españolas, y su ubicación no se determinó hasta sólo cinco días antes del Congreso'. En Madrid, donde hay un número mayor de militantes, los ordenadores para votar se instalaron en el palacio de congresos donde se celebró el cónclave.

Después de que el viernes 'intelectuales' del partido como Fernando Savater o Albert Boadella inauguraran el congreso con un discurso en contra de la pluralidad nacional y lingüística del país, ayer tocó debatir, y mucho. En las comisiones de Organización, Política General, Reforma Constitucional, Economía y Educación se tuvieron que discutir acerca de más de 3.700 enmiendas presentadas a las ponencias aprobadas en julio por el Consejo Político.

Las conclusiones dan buena cuenta de la ideología de un partido que no se define 'ni de izquierdas ni de derechas'. 'La nación de UPyD no es otra que la nación española', afirma la ponencia de Política General. El partido niega, además, el reconocimiento de otras sensibilidades nacionales y lingüísticas en el Estado que no sean la española. En este sentido, la formación renuncia expresamente 'a representar o promover entidades de tipo territorial, romántico o mitológico'.

Respecto a la organización territorial, UPyD juega a una cierta ambigüedad. Por un lado, propone que España sea un 'Estado federal de intensidad media y cooperativo' con 'competencia exclusiva' para 'todas aquellas materias ligadas íntimamente a los principios estructurales del sistema constitucional'. Por otro, a nivel fiscal, defiende la anulación del Cupo vasco, el régimen fiscal de Canarias, los privilegios nacionalistas catalanes y el régimen foral navarro.

UPyD quiere acabar además con los privilegios de los representantes públicos, y por eso plantea que se exijan a diputados, senadores y demás cargos públicos 'idénticas condiciones a las de cualquier ciudadano para el cálculo de las pensiones de jubilación: número de años trabajados, consideración de la vida laboral...'.