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Royal Bank of Scotland acuerda con el Gobierno dejar el sistema de garantías

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El Royal Bank of Scotland ha llegado a un acuerdo de última hora con el Gobierno británico que le permitirá abandonar, posiblemente dentro de un año, el sistema de garantías de activos apoyado por el erario público.

Así lo informa hoy el diario Financial Times, según el cual el banco escocés, que ha llevado a cabo negociaciones a tres bandas con el Ministerio de Economía y Bruselas, no tendrá que pagar ya la comisión de 17.500 millones de libras (19.250 millones de euros) por acogerse a ese mecanismo de protección de activos por un período de cinco años.

A cambio, el RBS se compromete a asumir los primeros 60.000 millones de libras (66.000 millones de euros) de pérdidas por los activos tóxicos asegurados por ese mecanismo, en lugar de los 19.500 millones (21.450 millones de euros) establecidos inicialmente.

Esa nueva cantidad incluye, sin embargo, los 23.000 millones de libras (25.300 millones de euros) ya absorbidos desde la puesta en marcha del citado mecanismo, la pasada primavera.

El RBS, que asegurará activos por valor de entre 260.000 y 280.000 millones de libras (286.000 y 308.000 millones de euros), tendrá que vender su división de seguros, Direct Line y Churchill Brands, y sus sucursales de Inglaterra y Gales, como compensación por la ayuda estatal recibida.

También se ha hablado de la posible venta del Citizens, su banco norteamericano, algo a lo que se resiste y que tendría que compensar deshaciéndose de otros de sus activos internacionales.

Esas noticias sobre el Royal Bank of Scotland coinciden con otra información según la cual el Gobierno obliga al Lloyds Banking Group a pagar 2.500 millones de libras (2.750 millones de euros), mucho más de lo que se esperaba, para poder zafarse del mecanismo estatal de protección de activos.

Lloyds, actualmente participado en un 43,5 por el Estado, ha recibido luz verde del Gobierno para lanzar un ambicioso programa de colecta de fondos por un total de 21.000 millones de libras (23.100 millones de euros), que incluirá la mayor emisión de derechos de la historia.

A cambio, tendrá que pagar por ruptura de contrato una suma aproximadamente el doble de lo estimado inicialmente y deberá asimismo prolongar la política de contención de pagas y primas acordada hace meses así como cumplir objetivos muy estrictos en materia de concesión de créditos.