El presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, ha asegurado que pondrá su cargo a disposición del Gobierno que salga de las urnas el próximo 20 de noviembre, aunque le gustaría ser él quien reciba como consejero de esta institución a José Luis Rodríguez Zapatero.

En una entrevista con Efe, Rubio Llorente, galardonado con el premio Pelayo para juristas de reconocido prestigio, ha confiado en que la incorporación de Zapatero al Consejo de Estado -como consejero nato en calidad de expresidente del Gobierno- sea "inmediata" aunque admite que si se retrasa, es posible que él ya no esté entonces al frente del máximo órgano consultivo del Ejecutivo.

Ha destacado que durante su mandato -fue nombrado en 2004- se ha llevado a cabo la reforma más importante del Consejo de Estado desde 1980, ya que se ha aprobado la incorporación de los expresidentes del Gobierno y se le han atribuido funciones nuevas, como la elaboración de informes y estudios por encargo del Gobierno.

Esta nueva competencia que creó una estructura nueva en el Consejo de Estado -la Comisión de Estudios- surgió a raíz de que Zapatero encargara, en 2004, al máximo órgano consultivo del Gobierno un informe sobre la reforma de la Constitución.

"Eso es para mí un motivo de satisfacción", ha asegurado Rubio Llorente que ha valorado asimismo el "trabajo cotidiano" de la institución que preside en asuntos "muy importantes", el de la incorporación del Estado español al derecho europeo o la reforma electoral.

La reforma del Consejo de Estado a la que alude Rubio Llorente permitió asimismo la incorporación como consejeros natos vitalicios de los expresidentes del Gobierno aunque, hasta ahora, sólo José María Aznar ocupó durante un año el cargo, al que renunció por ser incompatible con su responsabilidad en el Consejo de Administración de News Corporation.

Rubio Llorente ha llamado además la atención sobre otros asuntos que, siendo también trascendentes, despiertan un menor interés en la opinión pública como la delimitación de competencias sobre los fondos marinos o el informe sobre la pesca ilegal no regulada y no reglamentada que también ha redactado el Consejo de Estado en esta etapa.

El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno y una de las instituciones más antiguas de España, con más de cinco siglos de historia. En el ejercicio de su función consultiva, debe velar por la observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico.

Desde que tomara posesión el pasado 4 de noviembre, forma parte de su Comisión Permanente la ex vicepresidenta primera del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, que preside la Sección Séptima, que se encarga de Educación, Cultura, Sanidad y Política Social.

La labor del Consejo de Estado se hizo notoria para la opinión pública a raíz del informe que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, encargó a la institución en 2004 sobre la reforma de la Constitución.

El informe se limitó a las cuatro modificaciones que proponía el Ejecutivo sobre la definición de las Comunidades Autónomas, la reforma del Senado, la sucesión a la Corona y la Constitución Europea; reformas que ocho años después todavía no han visto la luz.