La familia Ruiz-Mateos todavía no había dado muestras de que sus empresas pudieran estar haciendo aguas y la Fiscalía Anticorrupción ya había abierto una investigación. Este órgano incoó diligencias en marzo de 2010 centrándose, según fuentes fiscales, en los pagarés que emitía el grupo, así como en el destino del dinero recaudado, y no en el entramado de unas 160 empresas que lo forman.

Era el mismo objetivo contra el que se dirigió el Gobierno un mes después al establecer por ley la exigencia de que pagarés como los que emitía Nueva Rumasa fueran comercializados por un intermediario financiero para que no escaparan a la supervisión de la CNMV. Tras el cambio en la norma, no hubo ninguna emisión más.

El proceso se centra en los pagarés, no en el entramado

La investigación de Anticorrupción ha sido un proceso muy lento y en la Fiscalía consideran prematuro hasta concretar los delitos que podrían haberse cometido. Se justifican explicando que hay pagarés que vencen en 2013, por lo que hasta entonces no se podrá comprobar la capacidad del entramado de responder al pago comprometido.

Las diligencias se abrieron a partir de un informe de la Agencia Tributaria. Los expertos apuntan que Hacienda remite un caso a la Fiscalía cuando detecta algún indicio de delito, ya sea fiscal o relacionado con el blanqueo de capitales.

Las fuentes consultadas de Anticorrupción insisten en que la información recibida era 'mínima', 'prácticamente nula', por lo que desde hace casi un año los fiscales adscritos al caso, Alejandro Luzón y Juan Pavía, se han estado dedicando prácticamente a realizar una labor de campo para recabar información. Se da la circunstancia de que ambos son los representantes del Ministerio Público en los casos Forum y Afinsa. Ambas empresas, que garantizaban un alto interés a cambio de la adquisición de sellos que se comprobó que carecían de valor, fueron intervenidas el 9 de mayo de 2006.

Los fiscales adscritos son los mismos que en Fórum y Afinsa

Los pagarés de Nueva Rumasa llegaron a ofrecer hasta un 10% de rentabilidad en cuatro emisiones realizadas en 2009, a pesar de que los tipos de interés estaban en mínimos históricos.

La investigación abierta por Anticorrupción es independiente de los procedimientos abiertos en juzgados mercantiles de Madrid, Andalucía, Castilla y León y Navarra después de que el propio José María Ruiz-Mateos se acogiera al artículo 5.3 de la Ley Concursal, que habilita un plazo de tres meses para negociar con sus acreedores.

El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró ayer tras la reunión del Consejo de Ministros que en la misma no se había tratado el tema de solicitar a la Fiscalía que investigue Nueva Rumasa. 'No se ha tratado el tema. No voy a decir ni que sí ni que no [se haya pedido], pero en todo caso eso corresponde al Ministerio de Economía', informa Europa Press.

Nueva Rumasa calificó la investigación de 'ridícula' y 'absurda'. El propio grupo empresarial de los Ruiz-Mateos asegura que acudieron a sus emisiones unos 5.000 inversores que habrían aportado alrededor de 140 millones de euros.