Publicado: 23.01.2014 16:49 |Actualizado: 23.01.2014 16:49

Sacyr y Panamá fijan el 1 de febrero como fecha tope para llegar a un acuerdo

La paralización de las obras del canal podría demorar el proyecto hasta cinco años, según los mediadores

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El acuerdo es que seguirán buscando un acuerdo. El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado por la española Sacyr y la italiana Impregilo, informó este jueves de que acordó con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) mantener conversaciones "en principio" hasta el próximo 1 de febrero en busca de una solución al conflicto contractual que amenaza la ampliación de la vía interoceánica.

El GUPC reclama más de 1.600 millones de dólares (1.169 millones de euros) en "sobrecostes" que han dejado a las empresas sin liquidez para continuar con la construcción del tercer juego de esclusas, un proyecto que según el contratista lleva casi 70% de ejecución. En un comunicado difundido este jueves en la capital panameña, el consorcio dijo que la fecha del 1 de febrero forma parte de un "protocolo de negociación" acordado por las partes, del que no da detalles.

"El protocolo prevé el desarrollo de discusiones acerca de soluciones completas, incluyendo la propuesta de cofinanciamiento que involucra a ACP, GUPC y a la aseguradora Zurich", garante del proyecto, indicó el consorcio sin más precisiones.

Por medio de este protocolo, "las partes acordaron continuar el diálogo, en principio, hasta el 1 de febrero de 2014 con el fin de encontrar una solución a largo plazo al cofinanciamiento y, así, conseguir la finalización de la obra", añadió la misiva.

Representantes de la ACP, incluido su administrador, Jorge Quijano, del GUPC y de Zurich, se reunieron el pasado martes por primera vez desde que el consorcio lanzó en diciembre un preaviso de suspensión de las obras de ampliación a partir del pasado 20 de enero, que finalmente no se concretó dadas las negociaciones.

La expansión del Canal de Panamá podría precisar hasta cinco años más para su finalización si sus obras son suspendidas, dijo el comité árbitros que está ayudando a supervisar el proyecto.

 La oferta del consorcio liderado por Sacy fue probablemente muy baja

Las discusiones acerca de los costes adicionales empezaron en 2010, pese a que el enfrentamiento sólo se ha hecho público recientemente, y los consejeros de la junta de adjudicación de disputas (DAB, por sus siglas en inglés) del proyecto dijeron en una carta en diciembre que cualquier demora podría ser algo serio. La finalización de las obras en el canal de 80 kilómetros de longitud ya ha sido pospuesta para 2015, desde 2014.

"Si GUPC detiene las obras ahora, las obras del Canal terminarían, pero no en 2015, sinomás probablemente en 2018, 2019 o 2020", dijo el panel de consejeros independientes internacionales en ese documento, una copia del cual fue vista el miércoles por Reuters.

Si la ACP no asume los costes adicionales, el consorcio de constructores liderado por la empresa española Sacyr ha amenazado con suspender las obras, que busca duplicar la capacidad de tráfico del Canal y atraer miles de millones de dólares en ingresos adicionales para Panamá. La ACP se ha negado a asumir los costes y ha advertido que GUPC podría perder el contrato, que sería entregado a otra empresa para finalizar el tercer sistema de esclusas, el corazón de la expansión.

La carta del DAB describió los problemas de GUPC como "genuinos" pero agregó que la oferta de 3.120 millones de dólares que hizo el consorcio en 2009 para ganar el contrato fue probablemente muy baja.

Esta oferta fue 1.000 millones de dólares más baja que la segunda oferta menor en la licitación, hecha por un grupo liderado por la empresa estadounidense de ingeniería Bechtel.

Altos cargos panameños y otros cercanos a la negociación habían levantado advertencias sobre lo bajo de la oferta. "Pero apuntar dedos acusatorios no salvará el proyecto", concluyó el DAB.

La ACP dijo que ha pagado a GUPC 2.831 millones de dólares, 784 en anticipos reembolsables, además de al menos 160 millones en costos adicionales. La ACP afirma que el consorcio ha reducido en los últimos dos meses en más de 70% el ritmo de trabajo, lo que tilda de violación al contrato, mientras que la ministra panameña del Trabajo, Alma Cortés, dijo el martes pasado que "las obras de ampliación mantienen más de un 90% de paralización".