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Sáenz acelera los trámites para ir al Constitucional por su indulto

El número dos del banco de Botín pide la nulidad de la sentencia del Supremo que anuló parcialmente el perdón del Gobierno

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El consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, ha pedido la nulidad de la sentencia del Tribunal Supremo que revocó parcialmente su indulto, trámite previo y obligado para interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Así lo han informado fuentes jurídicas, que han señalado que el incidente de nulidad entró en el registro del Supremo en fechas cercanas a la pasada Semana Santa y que se ha designado como ponente al magistrado de la sala de lo contencioso-administrativo Carlos Lesmes, a la vista de cuyo informe el tribunal decidirá si admite a trámite el incidente o lo rechaza de plano. En el primero de los casos, se abriría un plazo para que las partes efectúen alegaciones.

El pasado 26 de febrero, el alto tribunal consideró que el anterior Gobierno incurrió en una 'clara extralimitación' de sus competencias al cancelar, con el indulto que concedió a Sáenz, las consecuencias administrativas de su condena, lo que permitió al consejero delegado del Santander permanecer en el cargo. La resolución señalaba que 'la ley no autoriza al Gobierno a condonar cosa distinta de la pena o penas impuestas', que en este caso era de tres meses de arresto, por lo que anuló el inciso que eliminaba cualquier 'impedimento' para ejercer la actividad bancaria'.

Sáenz fue condenado en marzo de 2011 por el Supremo por un delito de acusación falsa contra unos deudores de Banesto, entidad que presidió tras ser intervenida en 1993.

En estos momentos, es el único de los condenados por este caso que continúa desempeñando un cargo en el sector bancario, después de que Miguel Ángel Calama abandonara en septiembre su puesto de director general de Globalcaja para acogerse al plan de prejubilaciones de esta entidad rural.

El llamado incidente de nulidad de actuaciones sirve para invocar supuestas vulneraciones de derechos fundamentales ante la jurisdicción ordinaria, agotando esta vía, requisito exigido para poder recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional. Cuando se conoció la decisión del Supremo de anular parcialmente el indulto, la defensa de Sáenz ya anunció que acudiría al Constitucional alegando infracción del derecho de igualdad y del derecho a la tutela judicial efectiva.