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Los salarios sólo crecen la mitad que el IPC

Mientras la inflación se situó en el 2,9% en noviembre, la subida salarial media pactada hasta ese mes sólo fue del 1,29%, según los datos de CCOO

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La subida salarial media inicialmente pactada en los 2.002 convenios colectivos registrados hasta noviembre para 2012 fue del 1,29%, según la secretaría confederal de Acción Sindical de CCOO. Estos datos ponen de manifiesto que el poder de compra de los trabajadores volverá a verse mermado, pues la inflación fue del 2,9% ese mismo mes.

En un comunicado, el sindicato ha informado de que en los convenios revisados el incremento medio ha sido del 1,52% y en los firmados del 0,69%, mientras que en los de empresa la subida fue del 1,36 % y en los de otros ámbitos del 1,28 %.

CCOO avisa de que la devaluación de los salarios va más allá de las indicaciones sobre contención salarial del pacto sobre el empleo y la negociación colectiva que firmaron sindicatos y patronal a principios de año. Por ello, afirma que la cláusula de garantía es un 'elemento central' para que la subida de salarios inicialmente pactada no lleve finalmente a una pérdida de poder adquisitivo.

En este sentido, subraya que las cláusulas de garantía salarial 'retroceden sensiblemente' y que la mayoría de los convenios de 2012 no las incluyen y advierte de que desde ciertos sectores empresariales se sigue presionando para que los salarios dejen de referenciarse con la evolución de los precios.

CCOO recuerda que la subida de precios, que ha situado el IPC acumulado hasta noviembre en el 2,9 %, supone un 'importante deterioro' de la capacidad de compra de los salarios.

Señala que la grave situación económica provoca que cada vez aumente el número de desempleados y además 'presiona a la baja' la negociación de los salarios y las condiciones de trabajo, que retroceden en muchos casos a situaciones de hace una década.

El sindicato denuncia que las organizaciones firmantes del pacto de negociación colectiva no están cumpliendo los objetivos del mismo y también la pasividad de la Administración en el control del fraude y la evasión fiscal, así como 'la amnistía para los grandes defraudadores'.