Publicado: 13.06.2014 15:56 |Actualizado: 13.06.2014 15:56

Salen en libertad los dos detenidos en prisión por los altercados del 22-M

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Miguel Milián e Ismael Nachit, los dos jóvenes que se encontraban en prisión preventiva acusados de participar en los disturbios que se produjeron tras la manfiestación de las Marchas de la Dignidad del 22 de marzo, han sido puestos en libertad poco antes de las 21.00 horas de la tarde de este viernes, según confirman a Público fuentes jurídicas cercanas al caso. Milián, de 21 años, fue detenido el mismo 22 de marzo, mientras que a Nachit le arrestaron el 4 de abril en la operación Puma 70, ambos acusados de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y lesiones. 

Los abogados recurrieron la prisión provisional con dos recursos. El caso fue elevado a la Audiencia Provincial de Madrid, que decretó una vista en la que los letrados argumentaron lo confuso del atestado, pues el propio juez instructor así lo reconocía también. El abogado de Ismael Nachit, Erlantz Ibarrondo, asegura que el ingreso en prisión se adoptó "por unas lesiones graves que luego se ha demostrado que no cometió".

En ambos casos se ha demostrado que hay un arriago familiar que hace injustificable el riesgo de fuga  Por un lado, se ha demostrado que existe un arraigo familiar que desmonta el riesgo de fuga que sostenía el juez en un primer momento, pues es un joven que vive con su familia y tiene empleo. Además, se le acusó de provocar unas lesiones graves a unos agentes, que, según su abogado, no han quedado probadas, puesto que aunque él fuera el que lanzó la señal contra los antidisturbios, como le acusan, ese ataque sólo habría provocado lesiones leves, mientras que las lesiones graves que sufrieron otros agentes no se le atribuyen a él.

"El ingreso en prisión se adoptó por unas lesiones graves que luego se ha demostrado que no cometió" Mientras, Jesús Calpe, el letrado que asiste a Miguel Milián, explica que ha habido una desconexión entre el atestado y las declaraciones de la Policía, lo que hace presumir que se hacen acusaciones infundadas. El auto de la Audiencia que anula el ingreso en prisión habla de "unas fuentes de pruebas necesariamente subjetivas en cuanto a la autoría y las circunstancias confusas que rodean los hechos y la participación del acusado no dejan de ser un alivio de la prisión que pesa sobre el acusado". Las pruebas testificales de la policía no coinciden con la versión del atestado. Tal y como dice el auto, "el gravísimo hecho sucintamente expuesto en el atestado, y antes de producido, no se concreta en los testimonios ni en los vídeos" aportados a la causa, "ni consta el parte de sanidad del agente". Al igual que en el caso de Nachit, también hay un arraigo familiar que invalida el riesgo de fuga. Ambos tendrán que comparecer cada 15 días ante el juez.

'Miguel e Isma'

Miguel Milián fue detenido el mismo día 22 después de la manifestación de las Marchas de la Dignidad, y los enfrentamientos que se produjeron al término de ésta, que dejaron más de cien manifestantes heridos, entre los que hay un joven que ha perdido la visión de un ojo y otro un testículo, además de 64 agentes antidisturbios. La prueba con la que fue enviado a preventiva es que un policía infiltrado le oyó decir a sus amigos que le tiró a un agente "una piedra en la cabeza cuando estaba en el suelo". Está acusado de lesiones, atentado contra la autoridad y desórdenes públicos. En un primer momento, la Policía intentó acusarle de intento de homicidio, si bien finalmente el juez rebajó los cargos a lesiones, un delito tipificado en el Código Penal con penas de entre 1 y 5 años de prisión.

Isma Nachit fue arrestado una semana más tarde en la denominada Operación Puma 70, en la que la Brigada Provincial de Información iba a por otros once jóvenes a sus casas y puestos de trabajo. Tres días después era enviado a prisión preventiva acusado de un delito de desórdenes públicos, otro de atentado a agentes de la autoridad agravado con utilización de medio peligroso y dos delitos o falta de lesiones. El juez aseguró en el auto que "el imputado acometió a los policías con una señal de un parking que había arrancado, llegando a lanzarla e impactando contra dos de ellos, reflejando que ya le habian observado antes al tratarse de una persona muy activa dentro de la manifestación".

Todavía queda por dilucidar con exactitud qué ocurrió durante aquella jornada, vigilada -muy a pesar de Esperanza Aguirre- por agentes de la OSCE (Organismo para la Seguridad y Cooperación en Europa). Para la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, los manifestantes "intentaban matar policías". Para los organizadores de la masiva movilización, la propia Policía infiltró a agentes que provocaron los disturbios para que los telediarios no abrieran con imágenes positivas de las Marchas de la Dignidad. El operativo policial y la posterior gestión políltica fueron criticados por los propios sindicatos del cuerpo, que pidieron la dimisión de los mandos en sucesivas protestas.

En una reciente rueda de prensa, portavoces de las plataformas formadas para pedir su libertad aseguraron que "Miguel e Isma son presos políticos que sirven al Gobierno para justificar la Ley de Seguridad Ciudadana". "Isma está bien, fuerte, sabe que cuenta con el apoyo de sus amigos y su familia", explicaron en esa misma rueda de prensa, aunque añadieron que tras su ingreso en prisión ha perdido el empleo que tenía, "en un momento en el que tener trabajo es un privilegio", lo que ha hecho que "su vida haya cambiado para siempre". Mientras, "Miguel está aguantando con entereza, pese a sus 21 años. Está activo y conoce el apoyo que está teniendo fuera".

Y para los abogados de los detenidos no está suficientemente demostrado que ellos fueran los responsables de las agresiones a agentes. Lo que sí tienen claro, en palabras de Calpe, es que "es preferible que un culpable esté en libertad, que un inocente en la cárcel".