La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, no ha aclarado hoy si el proyecto de integración de Caja Castilla La Mancha (CCM) en Cajastur requerirá cambios legislativos, como le ha preguntado el diputado del PP por Guadalajara Ramón Aguirre.

La vicepresidenta económica, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, ha dicho el "objetivo último" que persigue el proceso de integración de las cajas es que el sistema financiero "tenga solvencia y que las entidades que subsistan puedan proveer crédito con normalidad".

Durante su intervención, Salgado ha recordado que la Comisión Ejecutiva del Banco de España aprobó el proyecto de integración entre CCM y Cajastur, al considerar que era "el que mejor cumplía los criterios de solidez y racionalidad económica financiera", además de que "respetaba el objetivo de suponer un coste mínimo al erario público".

Además, ha insistido en que el citado proyecto fue examinado por la Comisión Gestora del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) que también decidió otorgar su respaldo al proyecto.

No obstante, Salgado ha subrayado que este plan tendrá que ser ratificado por las Asambleas de ambas cajas.

La ministra de Economía también ha recordado que el Gobierno ha creado el Fondo de Reestructuración ordenada Bancaria(FROB), "una hoja de ruta para la reestructuración del sistema financiero, que tiene como último objetivo que éste resista.

Por su parte, el diputado del PP ha asegurado que el Banco de España hace nueve meses intervino CCM y que aún no se conoce el tamaño del "agujero de la caja, los hechos que lo originaron y sus responsables".

Ha añadido que el Banco de España "ha hecho una propuesta de futuro, cuya traducción al castellano significa que Castilla-La Mancha se queda sin caja y se convierte en un banco", por lo que el citado proyecto "vulnera los propios estatutos de la caja", dijo.

"Queremos comprometernos con ustedes para encontrar una solución respetuosa con la legalidad, pero sus prisas de última hora nos hace pensar que estamos ante una operación que no es de salvamento, y sí de tapadera a una administración desleal y consentida políticamente", ha concluido.