La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, ha recordado este miércoles que si el Estado inyecta fondos en una entidad podrá ser accionista de ella 'hasta un máximo de cinco años' para garantizar su saneamiento, tal y como había pedido ayer CiU.

En el Congreso de los Diputados, Salgado aclaró que el Estado 'no tiene vocación de permanencia' en las entidades que reciban una inyección del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), pero dejó entrever que tampoco se subastará inmediatamente la entidad.

Así respondía Salgado en una interpelación al diputado de IU-ICV Joan Ridao, quien compartía la opinión del portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, quien dijo ayer que una subasta rápida sólo permitirá que las cajas se acaben vendiendo 'a precio de regalo, al mejor postor'.

A juicio de Ridao, las reformas del sistema financiero llevarán a un 'oligopolio en el que los bancos no tendrán competidores y excluirán a sus clientes menos lucrativos', lo que acabará influyendo negativamente en el crédito.

Además, reprochó a la vicepresidenta segunda la 'auténtica discriminación' que es exigir a las cajas un 10 por ciento de capital principal respecto a activos de riesgo, frente al 8 por ciento de los bancos.

Por lo que Salgado insistió en que la distinción no es por tipo de entidades, sino por la presencia o no de inversores privados y la dependencia superior al 20% de los mercados mayoristas.

En cuanto al coste para el erario público de las medidas financieras, Salgado minimizó el impacto y dijo que 'apenas' llega al 1,5% del PIB, y destacó que el Tesoro lleva ingresados ya cerca de 3.000 millones con las actuaciones para reforzar la liquidez.

Esa cantidad es el resultado principalmente de los intereses generados con la compra a las entidades de activos financieros por parte del Estado.

Por último, ante la acusación de Ridao de que Economía 'sustrae' las competencias autonómicas sobre las entidades financieras, la ministra aseguró que 'la propuesta que el Gobierno va a plantear no va a alterar en nada el modelo competencial existente'.

En las últimas semanas, se ha interpretado que con la posible entrada del Estado en el capital de las cajas, las autonomías podrían perder su derecho de veto de determinadas operaciones en las que se vean envueltas las entidades regionales bajo su tutela.