El presidente francés, Nicolas Sarkozy, presentó hoy un plan de relanzamiento económico para salir de la crisis, que evaluó en unos 26.000 millones de euros, y que incluye en particular un incremento de 10.500 millones de la inversión pública.

"Nuestra respuesta a la crisis (...) es la inversión porque es la mejor manera de apoyar la actividad para salvar empleos ahora, porque es la única manera de preparar los empleos de mañana y porque arrastramos retrasos considerables en inversiones", declaró Sarkozy en un acto organizado en la ciudad de Douai (norte).

De los 10.500 millones de euros de inversión pública suplementaria, 4.000 millones corresponderán al Estado, 2.500 a las administraciones locales y 4.000 millones a las empresas públicas (como la eléctrica EDF o el servicio de correos La Poste).

Ese dinero irá a la renovación de los medios del Ejército, de los hospitales o de los tribunales, así como a infraestructuras de transportes como cuatro nuevas líneas de tren de alta velocidad y al canal Sena-Norte de Europa.

Los sectores particularmente más privilegiados por el dispositivo que va a poner en marcha el Gobierno conservador son el automovilístico y la construcción.

La medida estrella en el automóvil es una prima de 1.000 euros para aquellos que compren un vehículo que emita menos de 160 gramos de dióxido de carbono al kilómetro a condición de que envíen al desguace otro automóvil.

A esta prima, cuyo costo para las arcas públicas es de unos 220 millones de euros, se sumará un préstamo de 500 millones de euros para las financieras de los fabricantes de vehículos y la constitución de un fondo de inversión de 300 millones de euros (financiado en parte por esos mismos constructores) para ayudar a las reestructuraciones de las empresas de componentes.

El Estado asumirá en los dos próximos años la construcción de 100.000 viviendas sociales, una parte de las cuales las comprará a las promotoras que no están consiguiendo vender.

A falta de una evaluación de esta disposición, se tienen como referencia los 600 millones en que se había valorado la compra por la Administración de 30.000 viviendas a los promotores para convertirlas en viviendas sociales.