La reforma de la Directiva europea sobre el tabaco, que la Comisión Europea anunció ayer, ha conseguido apenas un día después de ser anunciada un hito histórico: poner de acuerdo a todos los agentes involucrados en la producción, transformación, distribución y venta de tabaco por primera vez en la historia. Incluyendo sindicatos, patronal y a todos los partidos políticos que conforman los parlamentos de Extremadura, Canarias y Navarra. El motivo: la Mesa del Tacabo, con el apoyo de las federaciones sectoriales de UGT y CCOO, considera que esta reforma pondría en peligro 56.000 empleos y comprometería “seriamente” los 9.600 millones de euros anuales de recaudación fiscal.

“Nosotros no nos oponemos a una nueva legislación del sector que dificulte el acceso de los menores al tabaco o reduzca los efectos perjudiciales para la salud, pero consideramos que estas nuevas normas supondría un intervencionismo extremo injustificado de la Comisión Europea que afectaría gravemente a la economía española”, ha alertado este miércoles Juan Páramo portavoz de la Mesa del Tabaco.

La reforma de la Directiva Europea prevé que las advertencias sobre los riesgos de fumar -combinando texto e imágenes- cubran el 75% de la superficie de las cajetillas de tabaco que se venden en la UE, casi el doble del 40% que es obligatorio en la actualidad. Asimismo, también se contempla la prohibición de los cigarrillos con sabores, como fresa o vainilla, así como de todo ingrediente destinado a la modificación del sabor de las cajetillas con el objetivo de reducir la “atractividad del tabaco”.

Para el sector, estas medidas, supondrían un “empaquetado genérico encubierto”

Para el sector del tabaco en España, estas medidas, “lejos de aumentar las advertencias sanitarias”, supondrían un “empaquetado genérico encubierto” debido a que las marcas solo tendrían disponible alrededor de un 10% de la superficie total de la cajetilla para anunciarse. “Esta decisión supone una expropiación de los derechos de propiedad industrial e intelectual de los fabricantes, que no podrán hacer un uso legítimo de sus marcas”, ha advertido Páramo, que ha señalado que con estas nuevas restricciones el único elemento diferenciador entre las marcas será “el precio de la cajetilla”, por lo que se “empobrecerá toda la cadena de valor del sector”.

Estas nuevas restricciones al comercio legal provocarían el aumento del contrabando de los productos relacionados con el tabaco, según denuncia Salomé Ibañez, portavoz de los distribuidores y estanqueros, quien advierte de que en los últimos años el contrabando ha ascendido a cotas cercanas al 30% en algunas provincias andaluzas como Cádiz. “Las nuevas medidas no reducirán el consumo de tabaco sino la comercialización legal del mismo y facilitará la aparición de mafias”, ha señalado Ibañez, que ha alertado de que el 10% del tabaco que se consume en este momento en España proviene del contrabando provocando una pérdida de 1.000 millones de euros a las arcas del Estado.

“En 2012 el Estado ha dejado de ingresar 1.000 millones de euros por culpa del contrabando, que alcanza el 30% en zonas de Andalucía y Extremadura. Si este porcentaje se extendiera a todo el país hablaríamos de una pérdida de 3.000 millones de euros para el Estado”, ha agregado Ibañez.

Por ello, desde la Mesa del Tabaco hacen un llamamiento al Gobierno español para que atienda la “profunda preocupación del sector” y la tenga en cuenta durante el proceso legislativo. “En el contexto económico actual no podemos poner en peligro ni un sólo puesto de trabajo ni un sólo euro de recaudación. Debemos encontrar un equilibrio entre la salud pública y los intereses generales de toda la economía española”, ha sentenciado Páramo.