El Senado argentino aprobó ayer por una contundente mayoría el proyecto de ley de nacionalización de los fondos privados de pensiones tras un debate que se prolongó durante doce horas.

La iniciativa, que hace dos semanas ya había recibido el visto bueno de la Cámara de Diputados, fue aprobada en el Senado, de mayoría oficialista, por 46 votos a favor, 18 en contra y una abstención.

La reforma constituye una contundente victoria del Gobierno que preside Cristina Fernández y supone el traspaso al Estado de los millonarios recursos que desde hace catorce años están en las carteras de las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP).

La ley pone fin al sistema de jubilación por capitalización creado en 1994 y permite el traspaso a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) de unos 78.000 millones de pesos (23.350 millones de dólares) aportados por millones de trabajadores argentinos en estos años a las AFJP.

La reforma fue propuesta hace exactamente un mes por el Gobierno de Fernández, que alegó la urgencia de cambios en el régimen por la súbita y fuerte caída de la rentabilidad de los fondos de las AFJP, invertidos en bonos públicos y acciones que se han desplomado por la crisis financiera global, lo que compromete los ingresos de los futuros jubilados.

Desde la oposición, aunque en muchos casos coincidieron en que el régimen de capitalización no dio los resultados esperados, denunciaron que el Gobierno buscó nacionalizar los fondos para asegurarse recursos que le permitan hacer frente a abultados pagos de deuda en 2009, que será además año de elecciones legislativas.

Para el jefe del bloque de senadores de la opositora Unión Cívica Radical (UCR), Ernesto Sanz, la reforma esconde "un problema fiscal y de cuentas" y el Gobierno, para solucionarlo, busca "apropiarse de los fondos de los trabajadores que estaban en las AFJP".

Ante las acusaciones de la oposición de un supuesto "manotazo" gubernamental a los aportes de los trabajadores, el oficialismo accedió a introducir en el proyecto de ley aprobado hoy la creación de un comité de seguimiento de la administración estatal de los fondos.

La entidad estará integrada por sindicatos, bancos y representantes gubernamentales, y elaborará informes y recomendaciones, aunque no tendrán carácter vinculante.

Por eso, la senadora María Eugenia Estenssoro, de la opositora Coalición Cívica, tercera fuerza parlamentaria, cuestionó esos supuestos "controles" y calificó la reforma como "un abuso de poder" por parte del Gobierno.

"Mientras se condena a vivir a los jubilados en la miseria, no se habla sobre cómo se va invertir el dinero de las pensiones. La Anses va a manejar un presupuesto equivalente al 45 por ciento del PIB (Producto Interior Bruto)", aseguró durante el debate en el Senado.

En la vereda opuesta, el presidente de la comisión de Presupuesto, el senador oficialista Fabián Ríos, llamó a sus colegas a "asumir" que el régimen de capitalización "fracasó" y que "hay que darle el remedio para no seguir arrastrando a las generaciones que vienen a un sistema que no funcionó".

En tanto, los senadores de Propuesta Republicana (Pro), seguros de un triunfo del oficialismo en la cámara alta, echaron mano como último recurso al envío de una carta al vicepresidente argentino, Julio Cobos.

En ella le solicitan que vete la ley haciendo uso de sus facultades como titular provisional del Ejecutivo, ya que la mandataria Fernández está fuera del país.

En su proceso de debate, la reforma ha causado rechazo en los mercados, que interpretaron como un avance sobre la actividad privada el hecho de que el Estado, al absorber fondos invertidos en bonos públicos y acciones de empresas, pase a ser accionista minoritario en una treintena de grandes empresas de Argentina.

Las AFJP, controladas por bancos y aseguradoras de capitales argentinos, españoles, holandeses y estadounidenses, tienen 9,5 millones de afiliados, algunos de los cuales ya comenzaron a acudir a la justicia en contra del inminente traspaso de sus aportes al Estado.