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El Senado retrasa a diciembre la renovación del Constitucional para sumarse al Congreso

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El Senado ha decidido retrasar hasta el primer pleno de diciembre la renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, prevista para el 17 de noviembre, para sumarse así a la que corresponde al Congreso y que no haya que nombrar un presidente interino del Alto Tribunal.

La decisión, adoptada hoy por la Junta de Portavoces, se produce a propuesta del Grupo Socialista y ha contado con el apoyo del resto de grupos de la Cámara Alta, según fuentes parlamentarias, que han acordado así que la renovación se produzca el próximo 1 de diciembre.

Entre los magistrados del Tribunal Constitucional que corresponden al Senado figura la presidenta de esta institución, María Emilia Casas, por lo que si, como estaba previsto, se renovaban el 17 de noviembre, sería obligada su sustitución por un presidente interino.

Tal y como están las mayorías en el Alto Tribunal, ese cargo recaería en el magistrado Manuel Aragón, mientras que si, como se ha acordado, se espera a que se produzca la renovación en el Congreso, cambiaría el juego de mayorías y sería elegido otro presidente.

Aragón, encuadrado en el sector progresista del TC, se sumó a las tesis del sector conservador para que en el fallo de la sentencia del Estatut hubiera una mención expresa a la falta de eficacia jurídica del preámbulo del texto, en el que se define a Cataluña como nación.

Los cuatro magistrados que, según ha acordado hoy la Junta de Portavoces, nombrará el Senado el próximo 1 de diciembre serán el ex presidente del Consejo General del Poder Judicial Francisco José Hernando, y los catedráticos Adela Asúa, Luis Ortega y Francisco Pérez de los Cobos.

Sustituirán en el Tribunal Constitucional a la presidenta de esta institución, María Emilia Casas, al vicepresidente, Guillermo Jiménez, y a los magistrados Vicente Conde y Jorge Rodríguez Zapata.

La Junta de Portavoces ha acordado asimismo, a propuesta del presidente del Senado, Javier Rojo, proponer que se mantengan en la Cámara Alta las comisiones de Igualdad y Vivienda, pese a la desaparición de los ministerios correspondientes y que, por este motivo, serían atendidas por el secretario de Estado.