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El Senado tumba todas las enmiendas a la reforma

El PSOE admite que "posiblemente el procedimiento no ha sido el mejor"

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A falta de su conversión como verdadera Cámara territorial, el Senado invoca su utilidad como Cámara de segunda lectura, de revisión y mejora de las iniciativas que le llegan del Congreso. Y suele ocurrir. Pero ayer martes no se vio ni lo uno ni lo otro. Ni revisión ni mejora. Sólo el rodillo de PSOE y PP. Juntos, rechazaron en la Comisión Constitucional las 29 enmiendas presentadas por CiU, PNV, ERC, ICV, BNG y CC a la reforma del artículo 135 de la Carta Magna, el que fija un cinturón de acero al déficit. Juntos elevaron el texto al pleno de la Cámara Alta, que lo sancionará definitivamente hoy, al no introducirse ningún cambio respecto a la redacción del Congreso.

El trámite ayer fue un visto y no visto. Apenas una hora. Y la votación reflejó, otra vez, la soledad de PSOE y PP, que ni siquiera amagaron con acercarse a CiU, como sí se vio la semana pasada. El dictamen fue aprobado con los 10 apoyos de los socialistas, los 12 de los conservadores (el partido de Mariano Rajoy tiene mayoría en la Cámara Alta) y el voto de la Entesa Catalana de Progrés, que en la Comisión Constitucional está representada por Ramón Aleu, del PSC. Rechazó el nuevo 135 Narvay Quintero, de Coalición Canaria. Y los portavoces de CiU y PNV, Ramón Alturo y Joseba Zubia, ni votaron, pese a seguir en la sala. Una mímesis de lo que sus compañeros hicieron el viernes en el Congreso.  

La sesión, de hecho, ya arrancaba con un déjà vu. Minutos antes de que comenzara la reunión de la comisión, la Mesa del Senado había vetado cinco enmiendas de ERC, ICV y PNV, las relativas al derecho de autodeterminación y a la exigencia de referéndum. Es decir, que la Cámara Alta utilizó ayer la misma plantilla del Congreso la pasada semana.

La Mesa veta las exigencias de un referéndum y de la autodeterminación

El tono de los portavoces sonó más contenido, aunque los argumentos sí se oyeron manidos. Pero un comentario sí sorprendió. Fue el mea culpa entonado por el portavoz del PSOE, José Ignacio Pérez Sáenz: “Es cierto que, si hubiésemos tenido más tiempo, podríamos haber buscado el consenso. En referencia a la consulta a las comunidades autónomas, hubiera sido enormemente importante hacerlo. Es cierto también que en un ámbito de consenso al que siempre hemos apelado en materia constitucional se hacía necesaria la búsqueda del apoyo de otros grupos. Es cierto que posiblemente el procedimiento no haya sido el mejor”.

El senador, sin embargo, afeó a las minorías que sólo hubieran exhibido “un esfuerzo en discrepar”, primando sus intereses partidistas y no los colectivos, y sin atender a las “únicas razones” que han movido al PSOE: “No romper el Estado del bienestar y garantizar la confianza económica” en el país. Ello explica, razonó, una reforma  “urgente” y “excepcional” de la Constitución, como lo son las turbulencias financieras. “No es un capricho, es una necesidad”, enfatizó. Pérez Sáenz también reprochó a PNV y ERC que hubieran “aprovechado” la ocasión para colar en el debate la autodeterminación.

Tras la sesión, el portavoz reconoció a los periodistas que había habido tiempo “de sobra” para armar el consenso, pero que “nadie”, ni grandes ni pequeñas fuerzas, hizo esfuerzos por conseguirlo.

El PSOE presiona a dos de sus senadores contrarios al nuevo artículo 135

La portavoz del PP, Elvira Rodríguez, fue impermeable a las quejas dentro y fuera de las Cortes. Consideró la exigencia de estabilidad presupuestaria como un “derecho fundamental” de los españoles, rechazó que se viole la autonomía financiera de las comunidades y trató las demandas de las minorías de pura distracción: “Si nos dedicamos a discutir sobre otras cosas y a hablar de cuestiones que no hacen al caso, defraudaremos lo que piden de nosotros. Y estoy segura de que, cuando concluya esta reforma, habrá mucha gente, como ya se está diciendo, que esté de acuerdo con lo que hemos hecho”.

CiU, PNV y CC (la formación del Grupo Mixto con silla en la comisión) condenaron la “exclusión” operada por dos partidos, PSOE y PP, que, como recriminó Zubia, tachaban la reforma de la Constitución, 'hasta hace tan sólo unos días', de “tema tabú”, de 'algo implanteable'. “¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué no ha habido diálogo? ¿Por qué no se cuenta con nosotros?”, inquiría Alturo. “Se ha querido ignorar al resto de grupos políticos, y con ellos a parte de la sociedad”, abundó Quintero.

El pleno de hoy vuelve a poner el foco en el PSOE. Dos senadores vascos, Imanol Zubero y Roberto Lertxundi, ya anunciaron su oposición a la reforma. El primero no está afiliado al partido y es profesor universitario. El segundo procede de Euskadiko Ezkerra, que en 1978 rechazó la Constitución. La dirección del Grupo Socialista les presionaba ayer para que acepten la fórmula menos gravosa: ausentarse de la sesión, como hicieron el viernes los diputados de Izquierda Socialista. Eso, “mejor que votar en contra”.

El Consejo Empresarial de la Competitividad, el lobby formado por las 17 grandes empresas españolas, mostró ayer su apoyo a la modificación de la Constitución para incluir el principio de estabilidad presupuestaria, al calificar esta actuación de “muy positiva”.

Dicha reforma “incrementará la confianza en la economía española”, apuntó este lobby empresarial. “La incorporación de este principio a la Constitución es un elemento muy importante para asegurar la consecución de los objetivos de déficit público y deuda pública”, añadió el Consejo en un comunicado.