La Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado puso ayer una pequeña piedra en el camino de la ley de financiación autonómica. PP, CiU y BNG sumaron los 27 votos necesarios para que progresara el veto a las dos normas que articulan el nuevo modelo. Enfrente, sólo 23 senadores respaldaron la norma. La comisión deja ahora la última palabra al Pleno de la próxima semana y entran en juego los negociadores. Los tres grupos que rechazan la norma controlan un total de 131 diputados, a sólo uno de la mayoría absoluta. El resultado dependerá en gran medida de la capacidad del PSOE para evitar que ningún otro diputado se una a la oposición.

El Gobierno era consciente del reto que suponía el paso por la comisión. Las dos leyes debían superar tres enmiendas a la totalidad de distintos grupos. Sólo la falta de coincidencia en sus motivaciones podía salvar el trámite. Así ocurrió en la primera votación. Sólo CiU y BNG respaldaron el veto de los catalanes. Su argumentación, basada en el incumplimiento del Estatuto de Catalunya, no resultaba cómoda para el PP, autor del recurso que desde hace más de tres años estudia el Tribunal Constitucional.

Más éxito cosechó la segunda enmienda, del BNG. El senador gallego José Manuel Pérez Bouza argumentó que 'sin autonomía financiera no hay autogobierno'. Los nacionalistas creen que el sistema es opaco y perjudica los intereses gallegos al no ponderar lo suficiente criterios importantes para su comunidad, como la dispersión o el envejecimiento. Aunque el PP reconoció que no comulga con sus argumentos, si dio en esta ocasión su voto para forzar al Gobierno a que 'recapacite'.

Por su parte, el senador socialista Jose Ignacio Pérez comparó el sistema que propugna el BNG con los regímenes forales de Euskadi y Navarra. En su opinión, generalizar un sistema así 'haría desaparecer el Estado' y, por tanto, 'perjudicaría' a Galicia.

Ya por la mañana, los representantes de las comunidades gobernadas por el PP habían criticado con dureza el nuevo modelo. Sus argumentos eran más propios del voto en contra que su grupo defendía ayer que de la abstención que todas ellas compartieron en el Consejo de Política Fiscal del pasado 15 de julio. El consejero madrileño de Economía, Antonio Beteta, fue el más crítico. 'Es un modelo que no es justo ni equitatitivo ni para las comunidades autónomas ni para los españoles ni para España', sentenció. Todas coincidieron además, en censurar la 'bilateralidad' con la que se había construido el sistema.

El argumento fue rechazado por el representante catalán, el conseller Antoni Castells, que lo calificó de 'bueno para Catalunya y bueno para España'.