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Un senador del PP por Castellón declara hoy como imputado en el Supremo

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El Tribunal Supremo ha citado para mañana a las 11.00 horas al senador del PP por Castellón Manuel Guillermo Altava Lavall para tomarle declaración como imputado por un delito de realización arbitraria del propio derecho en relación con una denuncia interpuesta por su ex compañera sentimental.

La mujer le acusa de utilizar su condición de magistrado de un juzgado de lo penal de Castellón para irrumpir con la policía en la vivienda que ambos habían compartido, y en la que en esos momentos residía sólo ella, para llevarse las pertenencias de la denunciante en un camión, según han informado a EFE fuentes de la acusación.

Los hechos sucedieron el 15 de agosto de 2003, cuando Altava se dirigió hacia la vivienda y, "como carecía de las llaves para entrar a la misma, pues estas habían sido sustituidas por su compañera sentimental tras cambiar las cerraduras, accedió al inmueble retirando bienes de su propiedad que se hallaban en el interior".

La sala segunda del Tribunal Supremo asumió la instrucción de este caso el pasado 13 de febrero con el informe favorable del fiscal que consideró que los hechos pueden ser constitutivos del delito de "realización arbitraria del propio derecho".

Este delito, tipificado en el artículo 455.1 del Código Penal, prevé la imposición de una multa de seis a doce meses a quien, "para realizar un derecho propio, actuando fuera de las vías legales, empleare violencia, intimidación o fuerza en las cosas".

A pesar de que Altava era el titular del juzgado número 3 de lo penal de Castellón cuando ocurrieron los hechos, la competencia para investigarlos corresponde ahora al Tribunal Supremo al haber obtenido un escaño en el Senado en las elecciones generales de marzo de 2008.

Antes de que este asunto llegara al Supremo, el juzgado número 2 de Castellón investigó el caso y decretó en 2006 la apertura de juicio oral contra el magistrado, aunque no señaló la fecha de inicio del mismo.

Tras las elecciones, el juzgado elevó el caso al Supremo por la condición de aforado del imputado, y la sala de lo penal se declaró finalmente competente para asumir el procedimiento, para cuya instrucción ha designado el magistrado José Manuel Maza.