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Senadores checos presentan otro recurso contra el Tratado de Lisboa

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Senadores del conservador Partido Democrático Ciudadano (ODS) de la República Checa presentaron hoy un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional para intentar evitar que entre en vigor el Tratado de Lisboa que reforma las instituciones europeas.

En opinión de esta fracción euro-escéptica del ODS, en el caso de que el alto tribunal reconozca que la Unión Europea (UE) se encamina hacia una cierta forma de Estado, entonces la transferencia de competencias desde los socios comunitarios sería anticonstitucional.

"El Tratado de Lisboa es un gran paso hacia la federación y la federación es ya un 'superestado'", señaló Jiri Oberfalzer, portavoz del grupo que presentó el recurso.

Un primer recurso de este grupo, sobre seis puntos del tratado, ya fue rechazado por el Constitucional el pasado mes de noviembre, al no encontrar incompatibilidades entre Lisboa y la Carta Magna checa.

El líder del ODS, Mirek Topolanek, se reunió hoy en Bruselas con el presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Barroso, quien informó de las consecuencias de la no ratificación del Tratado por la República Checa.

Topolanek, sobre el que se especula que podría entrar en el próximo Ejecutivo comunitario, constató que Praga podría perder su euro-comisario en octubre si el jefe del Estado no firma el documento.

La República Checa es el único país de la Unión Europea, junto a Irlanda, que aún no ha ratificado el Tratado.

El Parlamento sí aprobó el documento, con el apoyo a regañadientes de la mayoría de los diputados y senadores del euro-escéptico ODS, pero aún está pendiente de ratificación por el presidente Vaclav Klaus, que ha anunciado que no estampará su firma hasta que Irlanda se pronuncie en referéndum este viernes.

Pero no es ese el único frente que el Tratado tiene abierto en la República Checa. Aparte de las reticencias del euro-escéptico Klaus y del recurso presentado hoy, los senadores del ODS presentarán mañana una apelación contra el anexo que acompañó a la ley de aprobación del Tratado de Lisboa en febrero por el Parlamento.