El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se reúne hoy en Ginebra en sesión extraordinaria para tratar la situación en Siria, donde continúa la represión del movimiento opositor pese a la creciente presión internacional.

A partir de las 09.30 horas GMT y a petición de la Unión Europea (UE), el Consejo debatirá sobre "La situación de los Derechos Humanos en la República Árabe de Siria", en una reunión que, según fuentes de la ONU, podría prolongarse hasta el martes.

La sesión se abrirá con una declaración de la Alta Comisionada para Derechos Humanos, Navi Pillay, tras lo cual se emitirá un mensaje grabado en vídeo del Relator Especial de la ONU para la Tortura, Juan Mendes, y se dará la palabra a Siria.

A continuación, podrán intervenir los representantes de los 48 Estados que forman parte del Consejo, que posteriormente considerará un borrador de resolución y lo someterá a votación.

Si esto no ocurre antes de las 16.00 horas GMT, la sesión del Consejo se reanudará el martes por la mañana.

Se trata de la segunda reunión extraordinaria que celebra este año el Consejo de Derechos Humanos sobre la situación en Siria, tras la celebrada el pasado 29 de abril, al inicio de las protestas opositoras contra el régimen del presidente, Bacher el Asad.

De esa reunión de abril salió el encargo al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de crear una misión para investigar la situación en Siria, cuyas conclusiones se conocieron el jueves.

La misión no pudo entrar en Siria, pero tuvo el acceso, fuera y dentro del país, al testimonio de cientos de víctimas y testigos de una represión que ha costado la vida a más de 1.500 personas.

El informe de la misión fue claro a la hora de condenar la actuación del régimen de Damasco, al que acusó de desarrollar "una pauta de violación de los Derechos Humanos, con ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil".

Estas violaciones "pueden ser constitutivas de crímenes contra la humanidad, como lo establece el artículo 7 del Estatuto de Roma", según el informe, que documenta con precisión numerosos casos de asesinatos y desapariciones, tortura, detención ilegal y acoso.

La misión destacó que la mayoría de muertes en las protestas se debieron a los disparos realizados por las fuerzas gubernamentales, tanto militares como policiales, y consideró probado la existencia de un "modus operandi" deliberado para causar bajas civiles.

Tras la difusión del informe, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navy Pillay, recomendó personalmente al Consejo de Seguridad en Nueva York que pida a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que estudie las denuncias.

El Consejo de Seguridad no ha dado ningún paso concreto desde entonces, debido sobre todo a las reticencias de Rusia -país con derecho a veto- a aumentar la presión sobre Siria, pero Reino Unido y Francia trabajan para presentar un nuevo proyecto de resolución,

Ese proyecto incluiría sanciones concretas contra Siria, siguiendo los pasos de las medidas anunciadas por EEUU y la Unión Europea, que anunciaron un endurecimiento de sus sanciones y exigieron la inmediata salida del poder de El Asad.

El régimen sirio contestó el viernes con una nueva oleada de represión que costó la vida a una veintena de personas.

En una entrevista difundida el domingo por la televisión pública siria, El Asad dijo no sentir "ninguna inquietud" por las protestas y se mostró convencido de que su país no sufrirá un ataque desde el exterior por sus posibles repercusiones regionales.

Aunque el estricto bloqueo informativo en el país impide verificar los datos facilitados por los grupos de derechos humanos, se estima que al menos 1.859 civiles y 422 miembros de seguridad han fallecido desde el inicio de la revuelta popular.