Publicado: 04.06.2014 23:40 |Actualizado: 04.06.2014 23:40

Siete pecados capitales contra el medio ambiente en España

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Han pasado doce años desde que, el 19 de noviembre de 2002, el petrolero llamado Prestige se hundiese junto a las costas gallegas, desencadenando una marea negra que pasó a ser conocida popularmente como chapapote. Fue una de las más grandes tragedias medioambientales del país que, una década después, quedaba sin culpables.

Pero no es el único caso en el que la acción de hombre ha dañado -o continúa haciéndolo- el entorno natural sin que se busquen o se persigan a los culpables. En el Día Internacional del Medio Ambiente, Público recuerda las catástrofes medioambientales más significativas de los últimos años y apunta a las que están por venir si no se hace nada para evitarlo.


La localidad burgalesa alojó durante seis años la central nuclear más antigua del país en funcionamiento, hasta el 2012, cuando el reactor fue detenido definitivamente. No son pocas las incidencias registradas en esta infraestructura desde que empezó a generar energía atómica en 1970. Entre ellos, dos escapes de agua con contaminación radiactiva. Pero con el cierre de la central no acaban los riesgos. Su vida útil expiró en 2011 aunque continuó produciendo electricidad un año más. Nucelor, la empresa de Iberdrola y Endesa que la gestiona, ha intentado prolongar la actividad durante años hasta que desistió en 2012. Pero el pasado 27 de mayo, la compañía volvió a solicitar su reapertura hasta 2031. Grupos ecologistas y antinucleares advierten del peligro que supone alargar la vida de un anciano al que le sobran arrugas y fisuras, además de dejar patente que la inversión está amortizada y que su producción eléctrica es prescindible gracias a las energías renovables.


Un temblor sacudió las costas de Tarragona y Castellón con una intensidad de 3,9 grados en septiembre del pasado año. A partir de ahí comenzó una polémica que acabó resolviéndose el mes pasado: el Instituto Geográfico Nacional culpaba de éste y otros 400 microseísmos a la plataforma-almacén de gas Castor, una instalación colocada ya no cerca de fallas con actividad sísmica, sino sobre un falla tectónica capaz de producir un terremoto de hasta 7,1 grados, según varios estudios. Las inyecciones de gas de esta instalación habrían acelerado el proceso sísmico de la zona y también agitaron a la población de las localidades afectadas, que se manifestaron en repetidas ocasiones contra el proyecto de Florentino Pérez (ACS). La planta está paralizada en la actualidad y, después del informe, el proyecto debería ser clausurado por el Ministerio de Industria. El problema es que Castor es el único almacén gasístico con derecho a una indemnización millonaria en caso de paralización. Son los problemas de no mirar la letra pequeña ni las consecuencias para el medio ambiente antes de firmar un contrato.


35 millones de toneladas de cobre, zinc y plomo pesan más que preservar el medio natural, aunque el tesoro esté enterrado junto al parque natural de Doñana. Eso es lo que alberga la mina de Aznalcollar, en Sevilla, que volverá a estar operativa en 2015 si el Gobierno andaluz encuentra una empresa a la que adjudicar el concurso público que se dispone a abrir. Candidatos no le faltan. Y no es de extrañar, ya que está constatado que la empresa que explote esta mina puede irse de rositas aunque durante su gestión se produzcan los mayores vertidos de residuos tóxicos. Ocurrió en 1998,  cuando la balsa que acumulaba los deshechos se rompió, vertiéndose sobre el río Guadimar basura tóxica por valor de 90 millones de euros, según estimó la Junta. Boliden, la compañía belga que explotaba la mina y dinamitó la fauna y flora del cauce, se libró en 2011 de pagar los costes.


El desarrollo urbanístico sin control también ha dejado su huella, en este caso, en la arena de la playa de El Algarrobico, en Carboneras (Almería). Desde 2006, las obras de un lujoso hotel homónimo se encuentran paralizadas. 17 pronunciamientos judiciales en contra de la construcción no han sido suficientes para demoler el esqueleto de un símbolo de lucha ecologista contra la especulación urbanística. Son 21 plantas de edificio, más de 400 habitaciones las que la promotora Azata del Sol pretendía erigir a sólo 14 metros de la costa del Cavo de Gata, Parque Natural protegido. El derribo, que puede producirse en cualquier momento, costaría 7,3 millones, según el exministro Cañete. ¿De qué bolsillo saldrán? En este caso se pagará a escote entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía, es decir, dinero de todos.


Algunos lo bautizaron como El Algarrobico extremeño, aunque el proceso no fue tan mediático. El pasado enero, el Tribunal Supremo confirmaba la ilegalidad del proyecto urbanístico Marina Isla de Valdecañas, tras ocho años de proceso judicial que podrían haberse evitado, al igual que su construcción parcial, si se hubieran atendido los recursos de los colectivos ecologistas. Pero el proyecto, que incluía dos hoteles, 200 villas de lujo y un campo de golf en un enclave natural protegido de Cáceres, entre las Sierras de Gredos y de Las Villuercas, fue considerado de interés regional por decreto. Pero al estar localizado en una isla de un embalse, carecía de incidencia socioeconómica, además de poner en peligro una zona de especial protección para aves, algunas en peligro de extinción.


Repsol podrá perforar el suelo marino de Canaria en busca de petróleo. Así lo confirmó el ministro de Industria y canario, José Manuel Soria, pocos días antes de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso interpuesto por el Cabildo de Fuerteventura. El Gobierno canario, su Parlamento y los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura se oponen a todo tipo de prospecciones petrolíferas porque consideran que ponen en riesgo su patrimonio natural y su industria turística. Han solicitado al Gobierno central que les permita realizar una consulta popular sobre las prospecciones, pero la respuesta del Ejecutivo llegó en forma de Declaración de Impacto Ambiental favorable para la petrolera.


En Huelva, entre las localidades de Palos de la Frontera y Moguer, se alzan dos prominentes montañas junto al río. Pero en este caso, el aire de la sierra no es como se suele evocar. Las montañas son resultado de la acumulación de fosfoyesos durante 20 años, unos 120 millones de toneladas de residuos procedentes de aguas ácidas, fosfatos, metales e, incuso, arsénico. Fertiberia, empresa del exministro franquista y empresario Villar-Mir, acumuló residuos allí hasta que en 2010 se lo prohibió la Audiencia Nacional, que también le obligó a restaurar el terreno, convertido en el basurero tóxico más grande Europa. Ya no se acumulan más residuos, pero Fertiveria no tiene pensado restaurar el lugar por lo elevado de la suma necesaria. De momento sólo ha sido sancionada con una multa de casi 250.000 euros.