Publicado: 03.12.2013 21:30 |Actualizado: 03.12.2013 21:30

El Síndic cuestiona los CIE y abre una investigación sobre la muerte de un interno en Barcelona

Rafel Ribó pide a la Defensora del Pueblo que intervenga en las dependencias de la Zona Franca y solicita información sobre el fallecido a Fernández Díaz y al TSJC

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El Sindic de Greuges (Defensor del Pueblo en Catalunya) ha abierto una investigación sobre la muerte de un interno de nacionalidad armenia en el Centro de Internamiento de Inmigrantes (CIE) de la Zona Franca de Barcelona.

Según ha informado la Sindicatura de Greuges en un comunicado, el Síndic, Rafel Ribó, se ha dirigido el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, solicitándole información sobre "la situación física y psíquica" del interno, que fue hallado muerto a las tres de la madrugada.

También se ha dirigido a la Defensora del Pueblo para pedir una intervención conjunta inmediata del Defensor y del Síndic en las dependencias de la Zona Franca, así como al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y a la Fiscalía General de Cataluña para interesarse por les informaciones de que puedan disponer el juez y el fiscal encargados del caso.

"La muerte en el CIE de la Zona Franca de una persona privada de libertad ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de reconsiderar la existencia de este tipo de centros", señala el comunicado. "El Síndic de Greuges recuerda los déficit estructurales en el CIE de la Zona Franca, tanto en lo que se refiere a las infraestructuras del equipamiento como a los servicios de atención y asistencia a los internos", añade.

Fuentes policiales han informado de que el hombre que esta madrugada ha sido hallado muerto en el CIE de la Zona Franca de Barcelona, de nacionalidad armenia, se ahorcó con los cordones de sus zapatos sobre las tres de la mañana. Las mismas fuentes han precisado que llevaba doce días internado en el CIE en espera de ser expulsado por orden judicial.

De acuerdo a la legislación vigente, cuando las peticiones de las Fiscalía no superan los seis años de cárcel en delitos, los ciudadanos sin papeles pueden ser expulsados a su país. En este caso, su expulsión ya había sido autorizada y el interno, con antecedentes por robo con violencia, tenencia de armas y tráfico de drogas, iba a ser deportado a su país dentro del plazo que la normativa establece, de unos 60 días.