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Los sindicatos comienzan con los recursos para reclamar la paga extra de Navidad

La interposición que se presenta hoy forma parte de una estrategia nacional conjunta. La patronal reclama la restitución de la paga extraordinaria eliminada por la vía contencioso-administrativa

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La Plataforma Sindical y de Asociaciones de Empleados Públicos empiezan a interponer hoy martes los recursos necesarios para reclamar vía contencioso-administrativa la restitución de la paga extraordinaria de Navidad.

Según un comunicado emitido hoy por FSP-UGT, sindicato integrante de la plataforma, los empleados públicos están decididos a agotar todas las vías legales de reclamación para que se haga efectiva 'la restitución de un derecho salarial consolidado para el conjunto de los empleados públicos'.

Por ello iniciarán esta nueva vía de reclamación general a partir del hoy martes, 15 de enero, con la interposición de recursos previos a la vía contencioso-administrativa para el personal de la administración general del estado, Correos, Sanidad y Educación a nivel estatal.

La interposición de estos recursos está enmarcada en una estrategia nacional conjunta de todos los sindicatos que pertenecen a la plataforma, que se iniciará con la reclamación que afecta al personal que cobra sus nóminas de la Administración Central del Estado.

Para el personal dependiente de Comunidades Autónomas y ayuntamientos se iniciarán los procesos aproximadamente una semana más tarde.

En sus alegaciones, los sindicatos exponen que la supresión de la paga extra de Navidad 'supone una quiebra total y absoluta' de tres principios constitucionales: el de no retractividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales, el de de seguridad jurídica proclamados en la Constitución, así como del principio de confianza legítima, ha confirmado UGT en un comunicado.

El pasado octubre la Plataforma se reunió con la Defensora del Pueblo para solicitar que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad a la eliminación de este derecho. La interposición del recurso fue rechazada, aunque la defensora dictó una serie de recomendaciones destinadas a amortiguar el impacto del perjuicio, que no fueron tenidas en cuenta por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.