Los dos sindicatos mayoritarios españoles, Comisiones Obreras y UGT, convocaron el martes una huelga general como protesta a la política económica del Gobierno ante la crisis y a la propuesta de reforma laboral.

"UGT y CCOO hemos decidido con toda la legitimidad y con toda la razón convocar una huelga general para el próximo día 29 de septiembre", dijo Cándido Méndez, secretario general de UGT en una rueda de prensa conjunta de ambos sindicatos.

El secretario general de la Federación del Metal y Afines de UGT, Manuel Fernández, ya había avanzado el martes la fecha de la huelga.

"Nos tememos que esto puede ser peor de lo que contempla el decreto. Nadie, ni siquiera el que hace el Real Decreto, que es el Gobierno, tiene garantía alguna de cómo puede quedar", dijo 'Lito' en unas declaraciones en Segovia que recoge la cadena Ser.

Una portavoz de CCOO, el mayor sindicato del país por número de afiliados, había indicado el martes que se estaba estudiando esa fecha para que coincidiera con otras protestas contra las medidas de austeridad en Europa.

La agrupación había señalado el día anterior que convocaría un paro general para protestar por la reforma laboral planteada por el Gobierno tras dos años de infructuosas conversaciones entre sindicatos, empresarios y Ejecutivo.

La amenaza de la huelga suma presión a un Gobierno que lucha contra los rumores de que está preparándose para pedir ayuda de la Unión Europea y que está sacando reformas impopulares pero consideradas esenciales para restaurar la competitividad.

El ministro de Fomento y secretario de organización del PSOE, José Blanco, pidió a los sindicatos que tuvieran una respuesta "proporcionada" al borrador de reforma laboral que pretende aprobar mañana el Ejecutivo.

"Tengo el máximo respeto por sindicatos, exigen respuestas nuevas a nuevos desafíos, pero el Gobierno toma las decisiones que cree que son las mejores para el interés general, para el futuro de la economía y del empleo, del empleo estable (...) Me gustaría que la respuesta a la reforma (de los sindicatos) fuera proporcionada", dijo Blanco durante un durante un seminario de economía organizado por la APIE y la Universidad Menéndez Pelayo.

REFORMA POR DECRETO

El Gobierno ha puesto en marcha varias medidas económicas al tiempo para impulsar el languideciente crecimiento y capear el déficit presupuestario, mientras que los mercados de bonos temen el contagio a la zona euro tras los problemas de Grecia.

Blanco dijo que el objetivo de la reforma laboral, cuyo borrador publicó el jueves el Gobierno con reformas como la creación de un fondo de capitalización a partir de 2012, es crear un "mercado laboral más flexible".

"Este país necesita una reforma del mercado de trabajo y la necesita con urgencia, el problema principal es creación de empleo y el principal objetivo es convertir el empleo precario en estable", dijo Blanco.

El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero está manteniendo contactos estos días para recabar el apoyo de otras fuerzas políticas para aprobar la reforma laboral en el Parlamento, donde en mayo aprobó por la mínima su plan de austeridad de 15.000 millones de euros.

Sindicatos, empresarios y partidos recibieron el viernes el borrador de la reforma proporcionado por el Gobierno, que tuvo una acogida templada y podría tramitarse finalmente como proyecto de ley. Zapatero espera sacar el decreto de la reforma el miércoles y llevarlo a votación en el Congreso el 22 de junio.

El ministro de Fomento explicó que la reforma laboral se hará por decreto ley para que entre en vigor el día que se publica en el BOE, de forma inmediata.

"Todas las reformas laborales (electorales) se han tramitado como proyecto de ley en el congreso, la reforma laboral del PP fue objeto de sentencia de Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional dijo que no estaba justificada en términos de urgencia y echó por tierra el desarrollo de aquella reforma", dijo Blanco.

La crisis económica, el desempleo del 20 por ciento y los temores a una crisis similar a la griega han mermado la confianza de los españoles en su economía y en su Gobierno. La población califica al Ejecutivo como el tercer problema que afronta el país, después del desempleo y la crisis económica, según un sondeo publicado en ABC el lunes.