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Los sindicatos creen que es "populismo barato"

El 80% del coste de los cursos sale de las empresas y de las nóminas

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UGT y CCOO han acogido con severas críticas las propuestas del PP para recortar las transferencias a las comunidades autónomas para la gestión de la formación profesional para el empleo. Fuentes de ambos sindicatos enmarcan la iniciativa en 'la campaña de tintes ideológicos' lanzada por el partido que dirige Mariano Rajoy para deslegitimar las actividades sindicales, ya que las centrales, como la patronal, gestionan parte de esos fondos.

'Es una bravuconada y una manera de hacer populismo barato', destacan fuentes de Comisiones Obreras. 'Además, es difícil hacer un recorte de esas características, porque una parte importante de la financiación de los programas de formación profesional para el empleo procede de las aportaciones de empresas y trabajadores' y tienen 'carácter finalista', aseguran desde UGT.

La financiación del sistema descansa, en efecto, en los fondos para formación que cada mes ponen las empresas (el 0,7% de la base de contingencias profesionales) y los trabajadores (que dedican un 0,10% de su nómina). El resto viene del Fondo Social Europeo y por el Servicio Público de Empleo Estatal.

En cualquier caso, la partida que el PP propone reducir a la mitad es la parte que se transfiere a las autonomías (1.097 millones). El PP no menciona en su plan a los restantes 1.200 millones que son gestionados por el Estado.

En conjunto, el gasto este año se eleva a 2.298,58 millones, un 4,5% menos que en 2009. Este descenso se debe a la necesidad de adaptarse a la previsión de caída de los ingresos derivados de las aportaciones a la Seguridad Social de empresas y trabajadores. Del total, 1.366 millones se destinarán a formar personas ocupadas, y los 932 restantes se invertirán en actividades para desempleados.

Las limitaciones presupuestarias harán que este año se reduzca en paralelo el número de empresas y trabajadores involucrados en actividades de formación. En 2009, según la Fundación Tripartita (en la que están la administración, los sindicatos y la patronal), participaron unas 300.000 empresas y recibieron formación más de tres millones de trabajadores del sector privado.