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Los sindicatos dicen que los 5.000 despidos de Bankia costarán igual que los de 50 directivos

Las centrales de la banca calientan la primera huelga en más de 20 años. El 25% de los trabajadores del sector financiero español están llamados a parar el próximo 6 de febrero

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No es un sector con una gran tradición sindical, pero los trabajadores de la banca no parecen estar dispuestos a tragar con la forma en que las entidades para las que trabajan pretenden llevar a cabo la reestructuración que impone Bruselas tras las ayudas recibidas. Según los sindicatos, el 25% de la profesión –es decir, los empleados de Bankia, Banco de Valencia y Novacaixagalicia– están convocados a una huelga anunciada para el próximo 6 de febrero. Se trata de la primera gran movilización exclusiva del sector desde 1990, cuando los empleados de la banca fueron a la huelga para forzar unas mejores en su convenio colectivo.

Su objetivo ahora es rebajar al máximo  el número de empleos –más de 15.000 según cálculos de las centrales– que se destruirán a lo largo del año que acaba de empezar y lograr unas buenas condiciones, tanto para los que se van, como para los quedan. De hecho, la Confederación de Cuadros ha denunciado este lunes que la indemnización para los casi 5.000 despidos que pretende acometer Bankia rondará los 300 millones de euros, 'una cantidad muy similar a la que se pagó a los 50 directivos que salieron de la entidad', ha dicho su representante Andrés Bartolomé. 'Los gestores de estos bancos no han hecho ningún intento para llegar a acuerdos que minimicen el número de despidos o que implementen medidas de flexibilidad interna', ha señalado este lunes en rueda de prensa el secretario general de Comfia–CCOO, José María Martínez.

El calendario de movilizaciones de los sindicatos incluye también movilizaciones en Madrid, Barcelona, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria, Logroño, Ávila y Segovia el próximo miércoles y paros parciales en estos tres bancos el próximo 30 de enero. La intención es que todo este movimiento de respuesta sea un 'punto de inflexión' en las negociaciones. 

Los sindicatos exigen que la negociación se circunscriba a los plazos dados por la UE, 'que oscilan entre los tres y cinco años', ha dicho Martínez, y que la reestructuración se acometa mediante 'medidas no traumáticas' para los trabajadores. Para evitar las 'salidas traumáticas', es decir, los 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades a los que aboca la reforma laboral aprobada por el PP para las empresas que pueden acreditar que sus ventas o ingresos han disminuido durante tres trimestres consecutivos, las centrales plantean alternativas a sus interlocutores. Entre ellas, expedientes de suspensión –cancelación temporal del contrato y envío al paro del empleado durante ese periodo– o reducción –disminución de la jornada y, por tanto, del sueldo–, traslados, bajas voluntarias incentivadas o prejubilaciones.

Antes de que comenzaran las negociaciones, los sindicatos decían que su línea roja era el radical abaratamiento del despido que puso en marcha Mariano Rajoy tras su llegada a la Moncloa. Sin embargo, en el curso de las negociaciones, los trabajadores también han puesto en el acento en el mantenimiento de sus tradicionales beneficiosas condiciones sociales y salariales. Así, en el caso de Bankia, los sindicatos aseguran que la empresa 'pretende reducir las aportaciones a planes de pensiones, las condiciones para acceder a financiación o recortar en capítulos de las coberturas de riesgo por invalidez o fallecimiento', detalla Gabriel Moreno, secretario de la sección sindical de CCOO en la entidad que dirige José Ignacio Goirigolzarri.

Asimismo, los sindicatos alertan al resto de empleados de la banca de que ellos pueden llegar a convertirse en los próximos afectados por los desahucios. 'Con los recortes de sueldo que se quieren acometer, nadie va a poder pagar las hipotecas', aseguran. Por ello, apuestan por  'llegar hasta el final' con sus movilizaciones. Además, avisan de que estos procesos en los bancos nacionalizados auguran una 'gran fractura social en España' pues, a su juicio, con el cierre de sucursales se va a producir un proceso de exclusión financiera y se va a distorsionar la competencia, creando un oligopolio financiero', informa Europa Press.

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