Como era de esperar, el apartado de la reforma fiscal del Gobierno que impone el pago del IRPF a las indemnizaciones por despido a partir de 2.000 euros por año trabajado, no ha sentado nada bien a los sindicatos, que la consideran 'injusta' y que desprotege aún más a los desempleados.

A partir del 20 de junio, cada empleado despedido que cobrase más de 30.000 euros al año y tuviera derecho a una indemnización de más de 2.000 euros, tendrá que pagar a Hacienda casi un 28%, llegando a más del 50% para aquellos cuyo salario superase los 50.000 euros anuales.

Las reacciones de los sindicatos, que ya criticaron la reforma del Ejecutivo cuando Montoro se la explicó 'brevemente y de palabra', no se han hecho esperar. El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha considerado 'injusta' la medida, al tiempo que pedía al Gobierno un 'proceso de diálogo' para revisar este asunto. En el mismo registro se ha expresado el secretario de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, quien en declaraciones a Público ha adevertido de que 'rentas de 16.000 euros anuales también pueden verse afectadas', ya que muchas de las indemnizaciones aún conservan tramos anteriores a la reforma laboral del PP, es decir, de 45 días por año.

Hasta ahora, la indemnización estaba exenta de gravamen hasta la de 45 días de salario por año trabajado, y aunque los técnicos del departamento de Montoro lo justifican para disminuir los 'abusos que se están cometiendo con los despidos improcedentes' y con los ceses pactados, lo cierto es que penaliza al trabajador que es despedido y no al empresario que toma la decisión de echarle.

A juicio de Ferrer, la medida penaliza de manera doble a los trabajadores despedidos que, de manera involuntaria, han sido expulsados de sus puestos de trabajo, y ha subrayado que la reforma laboral del PP de 2012 'ya facilitó y abarató el despido', y ahora se está profundizando aún más. Bravo ha criticado además que el efecto que tendrá la medida en la recaudación del Estado será 'mínima', y se consigue a costa de 'más dificultades para los desempleados' que se enfrentan al paro con esa indemnización y con 'unos subsidios por desempleo que se han ido reduciendo en sucesivas reformas. Ésta sería las séptima medida que los reduce'.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2014, el Gobierno estimaba que las indemnizaciones por despido, exentas de IRPF, supondrían 137,34 millones de euros menos que Hacienda ingresaría. Con esta reforma, explica Bravo, el Estado ingresará algo más, pero con la exención de las indemnizaciones inferiores a 2.000 euros 'ese ingreso no supondrá absolutamente nada para la recaudación, mientras que los trabajadores que sean despedidos sí que notarán los efectos adversos'. 

Ferrer ha advertido al Gobierno de que 'si lo que se pretende es atajar los tratamientos que tienen los grandes ejecutivos con contratos blindados, hay que buscar soluciones concretas y no castigar al conjunto de los trabajadores', mientras que el representante de CCOO pide 'más control del Gobierno' sobre posibles irregularidades y no 'castigar a todos' por algunos casos aislados.

Ambas centrales sindicales han expresado su repulsa a una medida que Montoro 'ha ocultado tanto en la reunión que mantuvimos con él la pasada semana como durante la rueda de prensa en la que la explicó', ha añadido Bravo, que no descarta más sorpresas, ya que la reforma 'suma más de 500 folios y aún no tenemos el documento'.  Exigen diálogo al Ejecutivo.