El mantra ya recurrente de que es necesario y urgente reformar el mercado laboral para salir de la crisis vuelve a estar en su punto álgido. Aunque el domingo acabó el plazo dado por el Gobierno de Mariano Rajoy para que sindicatos y patronal alcanzaran un acuerdo completo sobre reforma laboral, la presión sobre los interlocures sociales sigue en aumento. Ayer mismo, miembros de UGT, CCOO y CEOE volvieron a sentarse a la mesa de negociación para tratar varios asuntos que consideran bilaterales y en los que intentan acercar posturas: moderación salarial y pacto de rentas, y negociación colectiva.

'Ya nos lo hemos dicho todo, ahora se trata de intentar ir encajándolo', aseguró una fuente sindical que apostaba por reforzar la negociación colectiva y alcanzar un acuerdo de control de los precios básicos y de moderación salarial para los próximos años como fórmula para contribuir a la salida de la crisis. En principio, las reuniones continuarán durante esta semana. Para los sindicatos, la moderación en los sueldos tiene que ir en cualquier caso ligada a la reinversión de los beneficios empresariales en empleo y a mantener a raya los precios.

Toxo exige al Gobierno que convoque ya mesa de diálogo tripartito

Durante el fin de semana, la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, insistió en pedir a los agentes sociales un último esfuerzo, y ayer el presidente del Gobierno volvió a presionar en esa línea. 'La reforma laboral se va a hacer pronto. Les he pedido a los sindicatos y empresarios, en privado y en público, que hagan un esfuerzo. No es un problema del PP o de cinco ministros, sino de toda la nación', señaló. Repitió también que su intención, de momento inapelable, es presentar la reforma laboral en el primer trimestre del año, con o sin consenso.

En público, sindicatos y patronal no sólo difieren en propuestas y contenidos, sino también en la forma de plantear los próximos pasos a dar: mientras que algunas voces en la CEOE han dado por concluida la negociación y quieren que el Gobierno legisle con rapidez, las centrales exigen al Ejecutivo que convoque una mesa de diálogo tripartita para poner todas las cartas sobre la mesa.

En ese sentido, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, subrayó ayer la importancia de que el Gobierno dialogue con ambas partes. 'Es muy urgente que convoque a las partes y nos diga directamente qué reforma quiere y para qué', afirmó. Recordó también que sindicatos y patronal están hablando de negociación colectiva 'todos los días'.

Las enmiendas del PP a la anterior reforma laboral seráel punto de partida

Por el lado patronal, el presidente de CEIM, Arturo Fernández, que encarna el ala dura empresarial, aseguró ayer que las negociaciones con los sindicatos estaban 'completamente en suspenso' y azuzó al Ejecutivo para legislar cuanto antes. 'Hemos intentado llegar a acuerdos, pero no lo hemos conseguido. El proceso está paralizado y estamos esperando a que el Gobierno ya gobierne', dijo. El presidente de Cepyme, Jesús Terciado, fue más allá y pidió directamente que la reforma laboral del Gobierno 'se acerque a la postura de los empresarios'. Terciado acusó a los representantes sindicales de 'pretender quedarse en la situación actual, con alguna medida conyuntural intermedia'.

Desde el martes pasado, cuando los agentes sociales enviaron un documento a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en el que registraron sus acuerdos (en solución extrajudicial de conflictos, absentismo laboral y mutuas, traslado de festivos y formación continua) y constataron sus desacuerdos en los temas más espinosos, como contratación y flexibilidad, se habían producido algunos contactos teléfonicos y un intento de encuentro a tres bandas que finalmente no se produjo.

Proponían limitar el derecho de huelga y generalizar el contrato de 33 días

Sin embargo, el Gobierno trabaja desde ayer en la reforma del mercado de trabajo. Mariano Rajoy confirmó ayer que las 71 enmiendas presentadas por el Partido Popular al proyecto de ley de reforma laboral que el anterior Ejecutivo llevó al Congreso en 2010 servirán de guía para su reforma. Una de esas enmiendas apostaba por generalizar el contrato de fomento del empleo (con una indemnización por despido más barata, de 33 días) más aún de lo que hizo finalmente la reforma de Zapatero.

El PP proponía también limitar el derecho de huelga cuando tuviera por objeto 'alterar, durante su vigencia, lo pactado en un convenio colectivo'. En cuanto a flexibilidad interna, apostaban por facilitar el descuelgue del convenio por parte de los empresarios y que cualquier puesto de trabajo pueda ser cubierto con un contrato en prácticas (algo que ahora se determina en los convenios colectivos y que, por tanto, se acuerda entre los representantes de la empresa y de los trabajadores).

Al Gobierno también parecen sonarle bien algunas de las propuestas de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), de corte liberal, que plantea, por ejemplo, un contrato único indefinido con indemnizaciones crecientes según la antigüedad del empleado o dar más flexibilidad horaria al contrato a tiempo parcial.