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La sociedad laica exige firmeza con los crucifijos

El Gobierno mantiene en suspenso su decisión sobre los símbolos religiosos en lugares públicos

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La pionera sentencia judicial que exige la retirada de los símbolos religiosos del Colegio Público Macías Picavea de Valladolid ha reactivado el debate sobre el contenido de la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, vigente desde 1980. Las asociaciones laicas que han apoyado el proceso contra los crucifijos en el centro público exigen ahora al Gobierno que prohíba por ley los símbolos en las aulas y otros lugares dependientes de la Administración.

Las asociaciones laicas son, no obstante, pesimistas sobre las intenciones de los socialistas. 'No creo que el Gobierno pretenda hacer nada durante esta legislatura', vaticina Francisco Delgado, presidente de Europa Laica, organización que ha luchado durante tres años para conseguir que un juez obligue a un colegio público a retirar los crucifijos.

Delgado considera inexistentes las políticas de laicidad llevadas a cabo por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. 'Hay asuntos, como la financiación, la religión en las escuelas o la exención del pago del IBI [Impuesto de Bienes Inmuebles] que escuecen incluso en las bases socialistas', añade.

El PSOE se comprometió en su programa electoral a reformar la ley y a garantizar el laicismo, pero el Ejecutivo mantiene aún congelada su decisión política sobre incluir o no en el texto el veto a los símbolos. 'No es propósito de los socialistas actuar por imperativo legal, sino dirigir y acompañar esta evolución de la sociedad española'. Así definió el PSOE en su 37º Congreso del pasado julio su intención de contribuir a 'la desaparición de la confesionalidad que pervive en espacios y prácticas de las instituciones públicas, y la eliminación de símbolos religiosos en los edificios públicos'.

Quedó por escrito en la resolución titulada Más laicidad para una mejor convivencia.La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, responsable de encabezar la reforma, ha encargado un informe técnico sobre los puntos más conflictivos de la iniciativa: la regulación de la laicidad en otros países, la compatibilidad de la Constitución con posibles reformas o la posibilidad de abordar medidas como la eliminación de los símbolos desde otro marco legal distinto a la propia Ley de Libertad Religiosa.

El informe debería estar listo para el mes de diciembre y a partir de entonces el Ejecutivo empezaría a definir políticamente la reforma de la Ley, cuya aprobación está prevista para el primer semestre de 2009, para cumplir el compromiso electoral.

De la Vega adelantó en mayo, en la comisión constitucional del Congreso de los Diputados, la intención del Gobierno de reformar la ley 'para adecuarla a las nuevas circunstancias y al pluralismo religioso, con el objetivo de seguir avanzando y alcanzar la condición de laicidad que la Constitución otorga al Estado'.

El temor de los grupos laicos a que España siga sin regular la presencia de los símbolos religiosos se hizo realidad el lunes. La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, adelantó que no ve necesaria una norma general para regular la presencia de la simbología religiosa en las aulas. Cabrera dejó también en manos de los centros la decisión de eliminar las cruces de las aulas, en respeto a su autonomía.

Su tibia declaración chocó con la tajante postura del vicesecretario general del PSOE, José Blanco, que apostó el mismo día por la retirada de los símbolos. Para despejar dudas, Cabrera matizó ayer en la cadena Ser: 'Cualquier símbolo que pueda agredir o, por lo menos, crear sensación de agresión a cualquiera de los que circulan por cualquier lugar público, debería ser quitado de en medio'.


1-La constitución. La Carta Magna garantiza en el artículo 16 la aconfesionalidad del Estado. Pero, al mismo tiempo, garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de las personas, “sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público”.

2- La Ley de libertad religiosa. Tampoco la Ley de Libertad Religiosa menciona expresamente la presencia de los símbolos confesionales en lugares públicos. De hecho, para la aplicación de los derechos a profesar las creencias, practicar actos de culto o reunirse públicamente con fines religiosos, como recoge esta norma, los poderes públicos están obligados a facilitar asistencia religiosa en los establecimientos públicos militares, hospitalarios, asistenciales y penitenciarios, así como formación religiosa en los centros docentes públicos.

3- Los acuerdos con la iglesia. España firmó con el Vaticano un acuerdo en 1976. Tres años después, se concretó su aplicación con la firma de cuatro textos sobre asuntos jurídicos, enseñanzas y asuntos culturales, asuntos económicos y asistencia religiosa a las fuerzas armadas, pero ninguno aborda la cuestión de la presencia de simbología religiosa en edificios públicos. Por ejemplo, el relativo a la enseñanza religiosa se limita a asegurar el respeto al derecho de los padres sobre la educación moral de sus hijos en el ámbito escolar.