El vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes , advirtió hoy de que las entidades financieras que sean 'incapaces de mantener su solvencia' deben ser 'absorbidas' por otras o 'intervenidas'.

En su intervención en el Encuentro Financiero 2009, organizado por el Foro Nueva Economía, Solbes señaló que la 'normalidad' volverá al sistema financiero cuando 'no exista duda de la solvencia de las entidades que continúan activas'.

Por eso, insistió, el sector público debe apoyar sólo a las entidades viables, ya que lo contrario supondría 'prolongar una situación insostenible y aumentar el coste a los contribuyentes', además de que se generarían 'distorsiones' en el sector.

Solbes recordó que en España el apoyo público a la banca se ha limitado hasta ahora a medidas para mitigar los problemas de liquidez sin coste a los contribuyentes.

No obstante, advirtió, las entidades financieras españolas no son inmunes a la crisis internacional ni al deterioro de la economía, y éste último podría impactar aún más en bancos y cajas a través del incremento de la morosidad .

Como ya señaló recientemente en una respuesta al PP en el Congreso de los Diputados, Solbes apuntó que la ayuda que pueden recibir las entidades debe hacerse a través del Fondo de Garantía de Depósitos y 'si estos recursos no son suficientes', el Gobierno aportaría dinero público.

Solbes también comentó que es 'lamentable' poner a Caja Madrid en el terreno del debate político permanente.

Precisamente hoy ha comenzado la Asamblea General de la entidad, en la que sus miembros votarán si aceptan unos nuevos estatutos adaptados a la ley regional vigente, promovida por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre y aprobada meses después de que comenzara el proceso electoral de la entidad.

La propuesta de adaptación de los estatutos conformes a la nueva ley, que dificulta la reelección de Miguel Blesa como presidente de la entidad y resta representación al Ayuntamiento de Madrid en favor de la Comunidad, ha dividido a los órganos de gobierno de la caja entre los defensores de la nueva normativa regional y quienes la califican de 'anticonstitucional e innecesaria'.