El ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, se mostró hoy contrario a que el Estado intervenga en el sector inmobiliario "cuando las cosas van mal" y ha apostado por potenciar la construcción de vivienda oficial.

Solbes hizo hoy esta consideración tras pronunciar una conferencia en Vitoria ante decenas de empresarios vascos, bajo el título: "Las perspectivas de la economía española".

El titular de Economía ha hablado de la situación de "desaceleración" de la economía española y ha negado que estemos ante "una catástrofe". "La clave del futuro del país", dijo, "sigue siendo la productividad".

En cuanto a los efectos de la desaceleración de la economía en el sector de la construcción, el vicepresidente segundo del Gobierno opinó que el Estado no debe actuar en el sector inmobiliario "cuando las cosas van mal".

"No es mi filosofía que el Estado tenga que entrar en un sector como el inmobiliario", señaló, aunque agregó que el Estado sí que tiene que actuar en un punto concreto, el de potenciar la construcción de vivienda de protección oficial.

"¿Debemos, como algunos piensan, actuar como en los viejos tiempos, dando respaldo a algunas empresas que han apostado de forma más atrevida que otras, lo cual les ha permitido ganar mucho dinero, y cuando las cosas van mal es el Estado el que debe actuar? Desde luego, no es mi filosofía, estoy en radical desacuerdo con esas ideas", subrayó.

"No creo que el Estado deba hacer otras cosas excepto en un punto concreto", apostar por la construcción de vivienda de protección oficial, indicó Solbes.

Añadió que el Gobierno está dispuesto "a jugar más fuerte" para que haya más vivienda de protección oficial, pese a que "sabemos que resulta muy complicado porque hay competencias locales y autonómicas" en la materia.

Con esta medida, manifestó, "mantendríamos la actividad de la Construcción de manera sustancial y daríamos salida al estrato de la población que no puede acceder a la vivienda libre".

"En mi opinión, cualquier idea sana y sensata es discutible pero cualquier idea que implique que el Estado deba sustituir al empresario cuando a éste le van mal, a mí me resulta muy difícil de aceptar", expresó el vicepresidente.