Sacar a la CAM del atolladero en que se ha metido va a costar miles de millones al Estado, pero previsiblemente los consejeros y más altos directivos de la entidad no se van a ir del todo de rositas. El Banco de España está estudiando si les abre un expediente sancionador por las conductas aplicadas en los últimos años y que podrían conllevar la imposición de multas millonarias, aseguranfuentes cercanas al organismo supervisor.

Así ocurrió en el caso de CCM y en el de Cajasur. En esta ocasión hay una circunstancia novedosa: la aprobación de la Ley de Economía Sostenible, que prácticamente ha duplicado las sanciones por la comisión de infracciones en las entidades de crédito, hasta elevarlas a un máximo de un millón de euros por cada irregularidad que haya cometido la entidad y a medio millón por cada una de cada gestor.

Puesto que el supervisor todavía no ha decidido formalmente si abre el expediente, aunque lo hará con toda probabilidad, se desconoce qué conductas van a ser las sancionadas pero, en vista del último acta de inspección que le abrió en diciembre por falta provisiones y los comportamientos de los que ha hecho gala la entidad en los últimos años, no es difícil prever que se enfrenta a la posibilidad de ser sancionada por cometer infracciones muy graves de incumplimiento del deber de dotar provisiones antimorosidad, por deficiencias en el control interno de riesgos y la estructura organizativa que pongan en riesgo la solvencia del grupo, por irregularidades en la contabilidad y por no cumplir el deber de veracidad con sus socios (tardaron meses en informar a Cajasur, Extremadura y Cantabria, por ejemplo, de la existencia de un acta de inspección), todas ellas contenidas en la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.

En caso de detectar cuatro infracciones muy graves, por ejemplo, la entidad debería pagar un máximo de cuatro millones, a los que se añadirían las multas que se impongan a cada uno de los administradores, que también se enfrentan a la sanción de inhabilitación de un máximo de diez años para ejercer cargos de administración en cualquier otra entidad de crédito. Las multas impuestas a los administradores suelen ser mucho más elevadas que a la entidad dado el gran número de ellos. El Consejo de Administración de la CAM tenía 20 miembros, a los que habría que añadir, al menos, los directores generales de los últimos tiempos (Roberto López Abad y María Dolores Amorós). Tomando como referencia CCM y Cajasur, el expresidente Modesto Crespo y López Abad son los que más sanciones pueden recibir.