El Tribunal Supremo archivó el jueves la querella que el Partido Popular había presentado contra el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, por presunto tráfico de influencias y prevaricación cuando el político estaba al frente de la Junta de Andalucía.

La querella, presentada en junio de 2009, se basaba en la supuesta aprobación irregular por parte del Gobierno andaluz de un incentivo por 10 millones de euros a la empresa Minas de Agua Teñidas S.A. (MATSAU), entidad para la que trabajaba como letrada la hija del vicepresidente y ministro de Política Territorial, Paula Chaves.

La Sala de lo Penal del tribunal sigue el criterio del Ministerio Fiscal y no ve indicios de delito en las subvenciones que la Junta concedió a la empresa en 2007.

"El escrito de querella no denuncia hechos susceptibles de ser subsumidos en la tipicidad del tráfico de influencias, sólo conjeturas derivadas de la condición de presidente de la Junta de Andalucía del aforado, del trabajo de su hija en la empresa y del hecho de realizar visitas a los centros de producción", argumenta el auto.

La querella del PP decía que, dado que toda ayuda que supere el 1,2 millón de euros requiere la aprobación del Consejo de Gobierno, el presidente andaluz tuvo que ser consciente de qué empresa era y no se inhibió del conocimiento de este expediente en el proceso de subvenciones.

Sin embargo, el tribunal afirma que "la infracción de las normas de abstención no supone la comisión de un delito de prevaricación y se compadece mal la consideración del derecho penal como 'ultima ratio' máxime en esta materia donde el control jurisdiccional del derecho administrativo debe ser lo ordinario, y el control penal, lo excepcional".

Chaves fue durante 19 años presidente andaluz, y dejó el año pasado este cargo para asumir la vicepresidencia del Gobierno y el Ministerio de Política Territorial.