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El Supremo declara improcedente el despido de un delegado de UGT imputado por irregularidades

El tribunal confirma una sentencia del TSJC que obliga a la empresa a indemnizar al trabajador por no haber seguido el procedimiento correcto en el caso de los delegados sindicales

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El Tribunal Supremo ha declarado improcedente el despido de un empleado de la Asociación de Ayuda a Inmigrantes de UGT (Amic) que era delegado sindical de los trabajadores cuando le fue comunicado el despido en 2010 por haber detectado 'irregularidades' en sus funciones al estar presuntamente vendiendo contratos de trabajo a inmigrantes en situación irregular. 

Pese a que el jeuz considera probado que el empleado, H.B., está imputado por el supuesto fraude en dos causas penales que aún no han sido resueltas, el alto tribunal ha confirmado una sentencia dictada en febrero de 2012 por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que daba la razón al trabajador al argumentar que la empresa no había procedido de manera correcta al despido que, por su condición de delegado, está sujeto a una protección adicional.

El abogado de H.B., Jorge Graupera, ha señalado a Público que Amic debía haber procedido al despido con un 'expediente contradictorio', que da la oportunidad al afectado de presentar las alegaciones pertinentes a la empresa para rebatir los motivos de su despido y que esto 'nunca se hizo'. 'Este requisito es imprescindible, si no se sigue el despido ya es improcedente', ha señalado.

Raquel Gil, presidenta de Amic-UGT, ha defendido que el mismo día del despido la asamblea de trabajadores revocó su cargo como representante y que sí se hizo al trabajador un 'expediente contradictorio' pero que 'no se le comunicó por escrito'. 'Cometimos un error de principiantes, pero no íbamos a mantener a un trabajador que se aprovechaba de nuestra asociación para estafar a inmigrantes. Si nos hemos equivocado en algo es en un asunto formal', ha dicho a este diario.

La sentencia, a la que ha tendio acceso este periódico, obliga a Amic a indemnizar al empleado con 18.000 euros más los salarios de tramitación hasta la fecha, lo que supone un total de 40.000 euros.

Amic ha informado de que están preparados para recurrir el caso ante el Tribunal Constitucional.