La Corte Suprema de Justicia de Honduras nombró una comisión para que elabore un dictamen sobre la restitución o no del presidente depuesto, Manuel Zelaya, en la primera sesión plenaria en que trató una solicitud del Congreso en ese sentido.

"Se nombró una comisión de cinco magistrados para que dé una opinión al pleno", explicó a Efe un portavoz del Supremo, al señalar que esa comisión no tiene fecha para reunirse y que podría hacerlo "mañana o la semana que viene".

Una vez elaborado el dictamen "se discute en el pleno y luego se manda al Congreso", agregó la fuente, sobre el informe pedido por el Congreso el pasado viernes.

El Acuerdo Tegucigalpa-San José, suscrito el 30 de octubre entre Zelaya y el gobernante de facto de Honduras, Roberto Micheletti, para solucionar la crisis que vive el país tras el golpe de Estado del 28 de junio, establecía que sería el Congreso, en consulta con otras instancias, quien decidiría sobre la restauración de Zelaya.

La junta directiva del Legislativo se reunió el 3 de noviembre y decidió consultar al Supremo, el Ministerio Público, la Procuraduría y al Comisionado Nacional de Derechos Humanos, sin darles un plazo para responder como pedían los diputados afines al mandatario derrocado.

El ombudsman, Ramón Custodio, envió ayer su respuesta, en la que no se pronunciaba ni a favor ni en contra de la restitución, pero los demás órganos aún no se han manifestado.

La procuradora general del Estado, Rosa América Miranda, dijo a periodistas que el pasado viernes recibió la petición del Congreso, que "será analizada" y a la que "se dará respuesta en los próximos días. Es posible que a más tardar el próximo lunes", dijo.

La Corte Suprema de Justicia también recibió el viernes la solicitud, pero no trató el asunto hasta hoy.

El lunes, Micheletti exigió al Parlamento definirse sobre la restitución de Zelaya "lo más pronto posible".

Sin embargo, el secretario del Legislativo, Carlos Lara, reiteró ayer, martes, que el pleno sólo se reunirá cuando haya recibido todos los dictámenes de los organismos a los que consultó.

El Acuerdo Tegucigalpa-San José fue declarado roto por el presidente depuesto la semana pasada al conformar Micheletti un Gobierno de unidad (que aún no ha sido revelado ni instalado) sin su participación.

Las diferencias surgieron porque ambos pretendían encabezar dicho Ejecutivo, por lo que, en el caso de Zelaya, exigía que el Congreso decidiese antes sobre su restitución.