El 21 de enero de 2004 el Tribunal Supremo rechazó las más de 13.000 denuncias y querellas que había ido acumulando contra el ex presidente del Gobierno José María Aznar por la participación de España en la guerra de Irak. Ayer se supo que ha corrido la misma suerte otra querella preparada durante años y presentada el pasado mes de abril por la plataforma Juicio a Aznar.

De hecho, igual que aquel mes de enero de hace cinco años, el Tribunal Supremo se ha negado a admitir a trámite la querella de 37 páginas en la que se acusa a Aznar y a sus ministros de Defensa y Exteriores, Federico Trillo y Ana Palacio, de tres delitos. La plataforma les culpaba de declarar la guerra al margen de lo que la Constitución establece; de la muerte y devastación originada por la invasión y ocupación de Irak; y de los atentados del 11-M en Madrid, en los que hubo 192 muertos y 2.000 heridos.

La querella argumentaba que la sentencia de la Audiencia Nacional, revisada luego por el propio Tribunal Supremo, sobre el 11-M había establecido 'una relación causa-efecto entre ese atentado y la participación del Estado español en la agresión a Irak'. A la plataforma Juicio a Aznar se unieron varios miembros de la asociación de víctimas del 11-M, presidida por Pilar Manjón. A Isabel Casanova, madre de Jorge Rodríguez Casanova, uno de los fallecidos en los trenes, se la vio visiblemente emocionada el pasado 3 de abril cuando se presentó el escrito acusatorio en el registro del Alto Tribunal.

La resolución hecha pública ayer por la Sala de lo Penal del Supremo se remite a la dictada en 2004, porque 'los hechos coinciden esencialmente con los que investigaba la querella presentada el 31 de marzo de 2003' y en miles de denuncias. El auto no hace una sola referencia al elemento nuevo que aportaba el escrito del pasado mes de abril: la relación de causa-efecto entre la participación en la guerra de Irak y los atentados de Madrid.

El Supremo explica que sólo asume la competencia para el único de los tres querellados que aún sigue siendo aforado: Federico Trillo, que es diputado. Y señala que en el relato de hechos de la querella 'no se dedica una sola línea al aforado, sólo se refieren a Aznar, no aforado'. Según el auto, 'sólo a la hora de imputar delitos se menciona a Palacio y a Trillo.

La resolución de 2004, a la que se remite la conocida ayer, consideró que la declaración de guerra, al margen de lo dicho en la Constitución, se encuadra en los delitos de traición, por lo que sólo puede plantearse por la cuarta parte de los miembros del Congreso de los Diputados y aprobarse por mayoría absoluta de la Cámara Baja.

Además, consideró responsabilidad de la fuerzas estadounidenses y británicas, los delitos contra las personas y bienes, imputados al ex presidente del Gobierno.