El Tribunal Supremo ha planteado una cuestión de inconstitucional ante el Tribunal Constitucional por la legislación que exige a las televisiones como Telecinco y Antena 3 invertir parte de sus ingresos en financiar películas españolas y europeas.

La ley, aprobada en 1999 por el Gobierno del PP de José María Aznar, va en contra del derecho constitucional de la libertad de empresa, dijo el Supremo en un auto difundido el martes.

La norma impone a los operadores de televisión la obligación de destinar cada año el 5 por ciento de sus ingresos de explotación del año anterior a la financiación de películas cinematográficas y para televisión europeas.

"A nuestro juicio, no resulta indispensable (...) añadir al elenco de medidas públicas protectoras de la cinematografía, otra adicional que suponga para los operadores televisivos una evidente mengua de la esfera de su libertad empresarial como es la de forzarles a invertir en los términos en que lo hace la Ley objeto de debate", dijo el auto.

El auto del Supremo no pone en duda que el apoyo a la cinematografía europea sea constitucionalmente legítimo, pero afirma que este apoyo ya está asegurado a través de numerosas medidas legislativas, como un marco de financiación privilegiado o un régimen de ayudas públicas directas a la producción.

También cita estímulos a la distribución de las películas comunitarias en las salas de proyección españolas.

"No existe, según nuestro parecer, una razón imperiosa de interés general que exija de modo coactivo la vinculación forzosa de una parte de los ingresos de los operadores televisivos a las inversiones ya referidas y que revista la fuerza necesaria para imponer a las empresas de aquel sector el sacrificio de su libertad garantizada por el artículo 38 de la Constitución, en beneficio de la actividad cinematográfica", agregó.

Según una estimación del diario El País, las cadenas de televisión han dado más de 1.100 millones de euros a la industria cinematográfica desde que la ley entró en vigor.

Actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria la Ley General Audiovisual, que contempla incrementar la cuota al 6 por ciento en las públicas pero permitirá a las privadas que parte de su cuota del 5 por ciento se destine a inversiones en series, documentales y producciones de animación, un subsector cada vez más rentable de la industria audiovisual.