La deuda generada por la productora del musical de Ana Frank por impago del alquiler del Teatro Häagen-Dazs Calderón es "muy superior" a los recibos de las dos últimas semanas (20.000 euros cada uno), según ha explicado en una nota de prensa la empresa gestora y explotadora de la sala, Wonderland Entertainment.

Esta empresa ha aclarado su versión de los hechos después de que ayer la productora del musical "Ana Frank. Un canto a la vida", Producciones Artísticas Gestalt, cancelara las funciones porque los gestores del teatro impidieron el acceso a la sala.

Gestalt denunció este "cierre ilegal" e "injustificado" por el retraso en el pago de las dos últimas semanas de alquiler (20.000 euros cada recibo), secuestrando sus medios de trabajo, los objetos personales de la compañía y el dinero en efectivo que constaba en la taquilla del teatro.

"En todo momento -prosigue el comunicado de prensa de la gestora de la sala- se ha dado acceso a la taquilla del Teatro para que pudieran devolverse en el acto el importe de las entradas, siendo los responsables de Producciones Artísticas Gestalt SL, los que se han negado a acudir".

Además, Wonderland Entertainment asegura que mantiene una "fluida comunicación" con proveedores y personal artístico para la retirada, con "las debidas garantías", de sus enseres, a fin de evitar mayores perjuicios a terceros.

"Extraoficialmente, Wonderland Entertainment SL ha tenido conocimiento de que ante los continuos impagos a los propietarios de los derechos intelectuales, Producciones Artísticas Gestalt ha visto rescindido sus derechos de explotación del musical de Ana Frank, por lo que de continuar permitiendo la exhibición del mismo, Wonderland Entertainment SL podría incurrir en responsabilidades frente a terceros", se afirma en un comunicado de prensa.

Wonderland Entertainment "ha actuado conforme a derecho y lo estipulado entre las partes" por contrato, mientras que Gestalt se ha limitado a "presionar para continuar prorrogando una situación gravemente perjudicial para el Teatro", aumentando la deuda "sin previsión alguna de regularizarla".

La empresa gestora no tiene intención de volver a pronunciarse al respecto y cree que deberán ser los juzgados y tribunales los que decidan sobre la actuación de cada una de las partes.