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Los técnicos de Hacienda calculan que el empleo sumergido supone el 8% del PIB

Catalunya, Madrid, y Andalucía son las Comunidades Autónomas que más empleo sumergido registran

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La economía sumergida en el empleo supone cerca de 82.000 millones de euros, una cifra que se acerca al 8% del Producto Interior Bruto (PIB), según cálculos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), quienes aseguran que la implantación de las medidas adecuadas permitirían recaudar cada año más de 13.000 millones adicionales procedentes de la Seguridad Social.

Ante la inminencia de la aprobación del Real Decreto Ley para el afloramiento y control del empleo sumergido, los técnicos de Hacienda proponen la aplicación de un plan 'más ambicioso y de amplio' calado que incluya también medidas específicas contra el fraude tributario, 'máxime si se tiene en cuenta que para poder mantener los empleos irregulares las empresas necesitan en primer lugar disponer de dinero negro con el que pagar al trabajador'.

Así, recuerdan que la economía sumergida alcanza actualmente el 23,3% del PIB en España, lo que supone cerca de 245.000 millones anuales, de los que 161.647 millones de euros, el 65,9%, proceden del fraude fiscal, por lo que insta a que el plan del Gobierno 'no deje a un lado' otro tipo de actuaciones.

Los mercados laborales que esconden más empleo irregular son Catalunya (28.937 millones de euros), Madrid (12.351 millones), Andalucía (11.549 millones), Comunidad Valenciana (8.347 millones), Galicia (4.702 millones) y Castilla y León (4.612 millones). Las que menos tienen son La Rioja, Cantabria y Extremaura.

La economía sumergida alcanza actualmente el 23,3% del PIB en España

Por otro lado, Gestha señala que otra muestra del alcance del empleo no declarado en el conjunto de la economía sumergida en España es el elevado número de irregularidades descubiertas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), que en 1,2 millones de actuaciones realizadas en 2010 registraron casi 100.000 infracciones en acta.

En total, las sanciones derivadas de estas actuaciones rondaron los 250 millones de euros anuales y afectaron a más de 570.000 trabajadores a nivel nacional.

En referencia al plan contra el empleo irregular que el Gobierno aprobará el próximo viernes, este colectivo reclamó que se reconozca a los trabajadores regularizados la cotización de todo el periodo durante el que hayan prestado servicio y no sólo desde enero de 2011, como recoge el borrador del plan.

De esta forma, consideran que serán los propios trabajadores quienes demanden a los empresarios que normalicen su situación.

Asimismo, el colectivo abogó por que el plan contra el empleo irregular introduzca estímulos adicionales 'lo suficientemente alentadores' como para persuadir a los empresarios para declarar el trabajo sumergido, en lugar de limitarse a suavizar temporalmente las condiciones de afloramiento voluntario del empleo.

Por otro lado, indicaron que la aplicación de eventuales amnistías fiscales no es una herramienta adecuada para que emerja la economía irregular, ya que, a su juicio, las regularizaciones pasadas se mostraron poco efectivas y además suponen un agravio comparativo hacia los asalariados que sí cumplen con el fisco.

Según Gestha, la clave se encuentra en la lucha efectiva contra el fraude tributario, ya que es el dinero negro el que permite en primer lugar mantener los empleos irregulares.

El colectivo aseguró que, de implantarse medidas que redujeran en diez puntos la tasa de fraude en España, el Estado podría recaudar más de 13.000 millones de euros adicionales provenientes de las cuotas de la Seguridad Social.