El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz interrogará hoy en calidad de detenidos al presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Teddy Bautista, y a otros dos directivos de esta entidad, el director general Enrique Loras y el director financiero Ricardo Azcoaga.

Fuentes de la Guardia Civil han informado a Efe que estos tres directivos de la SGAE serán conducidos hoy ante el juez y el lunes les tocará el turno a los otros seis detenidos en la llamada operación Saga, en la que se investiga un presunto desvío de fondos a través de un entramado de empresas vinculadas a la citada entidad.

Una vez tome declaración a Bautista, Loras y Azcoaga, el juez decidirá, después de escuchar a la Fiscalía Anticorrupción y a las defensas, si cabe adoptar algún tipo de medida cautelar contra ellos como la prisión o el pago de una fianza.

Los nueve detenidos comenzaron ayer a ser interrogados por la Guardia Civil en las dependencias a las que anoche fueron trasladados, la comandancia de Tres Cantos y un cuartel de Las Rozas, ambos en Madrid.

Antes de empezar los interrogatorios, los agentes han procedido a la lectura de los documentos intervenidos en los registros practicados ayer en la sede de la SGAE y otros inmuebles.

En esos registros, según señalaron a Efe fuentes de la SGAE, los agentes se incautaron de facturas e hicieron "back-up" (copia de seguridad) de "determinadas carpetas de determinados ordenadores".

Entre los seis detenidos que comparecerán mañana ante Ruz destaca el director general de la filial digital de la SGAE -la Sociedad Digital de Autores y Editores (sDae)-, José Neri, a quien los investigadores sitúan como máximo responsable de la trama delictiva.

Los otros cinco tienen relación con la empresa Microgénesis, vinculada a Neri y que, según su página web, realiza trabajos de consultoría y tiene entre sus clientes a la propia SGAE.

Se trata de Antonia García y Elena Vázquez, esposa y cuñada de Neri, respectivamente, así como de Eva García, Rafael Ramos y Celedonio Martín.

A todos se les imputan de momento delitos societarios y de apropiación indebida por haber creado una estructura societaria en torno a la Sociedad General de Autores que se habría lucrado de una beneficiosa relación económica con las entidades del denominado "grupo SGAE".

Después de que los últimos agentes de la Guardia Civil abandonaran pasada la medianoche la sede de la SGAE, cuyo registro se inició a las once de la mañana, el Palacio de Longoria permanecía completamente cerrado, con la única presencia de dos vigilantes de seguridad privada y sin ningún tipo de precinto judicial.

La detención del presidente de la Sociedad General de Autores ha llevado hoy a Izquierda Unida a reclamar que los derechos de autor sean gestionados por organismos públicos "realmente democráticos y transparentes".

La secretaria federal de Comunicación Interna de IU, Amanda Meyer, ha anunciado que, de confirmarse las imputaciones contra la cúpula de la SGAE, su partido pedirá responsabilidades a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, y a todos los responsables de este Ministerio en los últimos 15 años por haber hecho dejación de funciones permitiendo la gestión de los derechos de autor a un organismo privado.

El registro de la sede de la SGAE y la detención de su presidente tampoco ha dejado indiferentes a representantes del mundo de la cultura, entre ellos el poeta Luis García Montero, que ha reclamado un cambio significativo en la gestión de los derechos de autor.

Por su parte, la actriz Pilar Bardem, presidenta de la entidad de gestión AISGE, ha declinado opinar "sobre un tema que está judicializado".

"Lo que tenga que decirse lo dirán los jueces. Apuesto por la transparencia, evidentemente, y para eso están las auditorías, para saber los ingresos, los gastos y la forma en que se reparte el dinero", ha precisado.

Más conciso se ha mostrado el intérprete Juan Diego Botto: "Cuando se produce un supuesto robo de tamañas dimensiones, hay que mantener la tranquilidad y dejar que la justicia actúe".