El instructor del caso Gürtel en el Tribunal Supremo, Francisco Monterde, no ha dejado pasar ni un día. En cuanto ha recibido la documentación que debía remitirle el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha puesto fecha a las declaraciones voluntarias solicitadas por el senador y tesorero del PP, Luis Bárcenas, y el diputado de este partido Jesús Merino. Ambos han sido citados para que comparezcan, respectivamente, el próximo miércoles y el jueves, aunque la declaración del último podría retrasarse al tener previsto su abogado un viaje al extranjero en otra causa penal.

Tanto Bárcenas como Merino declararán ante el juez Monterde como 'imputados provisionales', condición que el instructor les ha concedido para poder interrogarles, al no haber instado todavía la concesión de los suplicatorios con las que las Cortes deben autorizar la investigación de sus miembros.

Monterde consider «racional, fundado, lógico y necesario» el secreto del caso

Cuando el Alto Tribunal aceptó la competencia para investigarles, dijo haber visto indicios de que podrían haber cometido delitos contra la Hacienda Pública y cohecho. La Fiscalía ya ha instado dos veces que se solicite el suplicatorio para investigarles.

Otro mes de secreto judicial

El magistrado, además, ha decidido decretar por 30 días el secreto de las actuaciones, como ha hecho el instructor de la totalidad de la causa (salvo la trama valenciana y la parte que se investiga en el Supremo), el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira. En un auto hecho público ayer, el juez Monterde estima 'racional, lógica, fundada, necesaria y respaldada legalmente la medida de decretar el secreto' de las actuaciones, por 'la naturaleza de los delitos perseguidos y el carácter de las diligencias de prueba'.

Las explicaciones de Bárcenas fueron insuficientes para el Alto Tribunal

Monterde niega en su resolución uno de los principales argumentos del PP y de sus imputados: que les genera indefensión. Explica con jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el secreto tiene por objeto evitar que 'el conocimiento e intervención del acusado en las actuaciones iniciales pueda dar ocasión a interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación'. Su objetivo es proteger 'el valor constitucional de la justicia'.

Negar las acusaciones

Pese a que tanto Bárcenas como Merino no querían declarar hasta que se levantara el secreto de las actuaciones, ambos tratarán de rebatir las acusaciones que se formulan contra ellos en la exposición razonada que elevó al Supremo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La declaración de Merino podría aplazarse por un viaje de su defensa

Bárcenas, que solicitó formalmente declarar el pasado 23 de junio, pese a haber presentado varios escritos previos, negará ser la persona que en la contabilidad de las empresas del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, se identificaba como 'L.B.' o 'Luis el cabrón', informaron fuentes jurídicas. Tendrá que mejorar las explicaciones que en su día ofreció a la Agencia Tributaria, porque en el auto del Supremo de asunción de competencia se 'consideran insuficientes para contrarrestar el valor indiciario que surge de la documental y de las declaraciones' de otros imputados. El juez Baltasar Garzón cifró en 1.353.000 el dinero que habría recibido Bárcenas de la trama de corrupción.

El diputado Merino, citado para el próximo jueves, podría ver retrasada su comparecencia hasta la semana siguiente. Su abogado, el catedrático Luis Rodríguez Ramos, solicitará un aplazamiento al tener previsto un viaje para los días 23 y 24 al extranjero para preparar la defensa del caso Sintel, que será juzgado en la Audiencia Nacional. Los principales imputados por la descapitalización de la filial de Telefónica residen en Miami.

La cantidad que se cree que pagaron a Merino las empresas de Correa fluctúan en los informes fiscales entre los 50.000 y los 270.000 euros al existir la posibilidad de que los pagos más antiguos hayan prescrito. El diputado intentará dar suficientes explicaciones a Monterde como para entender que no es necesario que curse el suplicatorio al Congreso.