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Dos testigos del caso Yak hablan de prisas en la repatriación

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Dos testigos llamados a declarar por el caso del Yakolev 42, en el que se juzgan las incorrectas identificaciones de algunos de los 62 militares fallecidos en un accidente de aviación en Turquía en 2003, dijeron el martes que las autoridades españolas tenían prisa por repatriar los cadáveres.

El teniente general José Antonio Beltrán y el capitán enfermero Antonio González, comparecieron hoy ante el tribunal en el segundo día de un proceso que juzga a tres altos cargos militares por una presunta falsificación documental que llevó a que 30 de los 62 fallecidos fueran identificados de forma incorrecta.

"Las únicas instrucciones que recibo del ministro (de Defensa de entonces, Federico Trillo) son las de encargarme de coordinar sobre todo el tema de aviones, sobrevuelos, para cuanto antes traerme los cadáveres", dijo Beltrán, responsable de la coordinación de la delegación militar que viajó a Trebisonda.

Las prisas posteriores al accidente del avión, en el que además de un contingente español que volvía de Afganistán viajaban 13 tripulantes ucranianos, se debieron, según al capitán enfermero, a que las autoridades querían que los trabajos se aceleraran para que los cadáveres llegaran a tiempo al funeral de Estado en España.

"Fue esa misma noche (del accidente) cuando dijeron que había que darse prisa para salir, y acabar con el enferetrado para intentar llegar (..) porque iba a ser el funeral de Estado en Torrejón", dijo González ante el tribunal, presidido por el juez Javier Gómez Bermúdez.

El principal encausado, el general de Sanidad Vicente Navarro, dijo ayer que desconocía qué pudo haber llevado a la incorrecta identificación de parte de los fallecidos, pero se refirió a los cambios de ubicación de los cadáveres y a las dificultades de comunicación con las autoridades turcos.

La Fiscalía pide cinco años de cárcel para Navarro y cuatro años y medio para sus subordinados, los otros dos procesados, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez.

El Ministerio Público, que pide también una multa y la inhabilitación temporal de los acusados, les reclama indemnizaciones de 25.000 euros para cada familia de los militares mal identificados, cantidad que habría de abonar el Estado como responsable civil subsidiario.