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Un tinglado para obtener papeles a 20 euros

Las dificultades para convalidar documentos en el Ministerio de Asuntos Exteriores propician el negocio de las gestorías ilegales. Un piso de Madrid ofrece "legalizaciones en cuatro horas"

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A menos de 200 metros de la comisaría de Policía del distrito de Retiro (Madrid), la empresa ilegal Obi Ex-press ofrece 'legalizaciones en cuatro horas del Ministerio de Asuntos Exteriores' a personas extranjeras. El precio para validar documentos (certificado de antecedentes penales o los títulos educativos, por ejemplo) es de 20 euros por sello. También ofrecen trámites con los ministerios de Educación y Justicia.

'Pedimos muchas citas previas por Internet en el Ministerio de Asuntos Exteriores y luego vamos en lugar de nuestros clientes. Somos sus mensajeros', explica el dueño, Jhobanny Mercado, dominicano sin papeles que tiene a su cargo a 12 trabajadores. La empresa acumula cientos de citas y colapsa el sistema. Luego las ofrece a sus clientes potenciales, a los que busca ante la sede de la Dirección General de Asuntos Consulares.

La ley prohíbe que una persona realice este tipo de trámite si no está colegiada en el Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM). Sin embargo, el Ministerio no pide identificación a quienes acuden, por lo que esta actividad queda impune. 'Es preocupante, porque se están lucrando de un servicio gratuito de la Administración', admiten fuentes de Asuntos Exteriores.

La Policía tampoco persigue esta ilegalidad. Desde hace meses, varios relaciones públicas de empresas como Obi Express pasan las mañanas a la espera de clientes en la puerta de la sede de la Dirección General de Asuntos Consulares. Reparten tarjetas de visita junto al vigilante de seguridad de la entrada. Si hay dudas, se puede consultar su página web, llamar a un teléfono fijo o a alguno de sus tres móviles, de compañías diferentes, para que los clientes elijan la tarifa más económica. Los captadores prometen 'solvencia y legalidad'.

El Ministerio y el ICOGAM aseguran que están planteando medidas para acabar con este tipo de empresas, que también operan en los alrededores de consulados y sedes ministeriales. La intención de Exteriores es establecer tres tipos de controles. El principal es exigir la 'plena identificación de las empresas y confirmar que las personas estén colegiadas'. Además, pretenden limitar a diez el número de documentos por cada individuo e intentarán 'agilizar la gestión' para evitar las esperas. El servicio quiere pasar 'de 14 personas atendidas cada 10 minutos a 28'.

No todos los extranjeros que acuden a estas empresas lo hacen engañados. Es el caso de Fátima nombre ficticio una marroquí que ayer recurrió a los servicios de Obi Express desesperada. Necesitaba legalizar unos documentos antes de que se acabara el plazo para convalidarlos, pero le resultaba imposible conseguir una cita previa antes de 15 días. 'Antes no era así, hacías cola todo el día, pero te los llevabas. Ahora no me dejan, se me va a pasar el plazo y no puedo pagar otro viaje a Marruecos para conseguir otros nuevos'.

 Dos senegales muestran el certificado de antecedentes penales de uno de ellos, a la salida de la oficina de Obi Express. DANI POZO

Por eso, cuando el contacto de Obi Express se acercó a ella en la puerta del Ministerio, no se lo pensó. 'Hay un cartel en el que dice que no nos fiemos de quienes nos ofrecen arreglarnos los papeles, pero no nos dan otra solución'. Fuentes del Ministerio confirmaron ayer que hay demasiada lista de espera y que el sistema de cita por Internet 'en vigor desde hace unos meses' suele estar 'bloqueado'.

En la página citaprevia.maec.es, un anuncio avisa de que no se darán 'citas con más de 14 días de antelación'. Sin embargo, ayer, el primer día libre para solicitarla era el 13 de octubre y, por tanto, resultaba imposible reservar.

Mercado reconoce que su empresa no está registrada, ni tiene NIF. Tampoco tiene permiso para realizar labores de gestoría: 'Los gestores son para cosas más complicadas', asegura. 'Nos ganamos la vida como podemos', sentencia. En las horas punta, de 14 a 15 horas, llegan a recibir entre 40 y 50 clientes (cerca de 1.000 euros por hora).

Obi Express ofrece sus servicios a ciudadanos de cualquier nacionalidad. La sede está en un bloque de viviendas de la calle Almadén, en el céntrico barrio de las Letras de Madrid. En el portal se agolpan latinoamericanos, chinos y magrebíes. Un trabajador de la empresa gestiona el flujo. Cuando hay más de diez personas en la entrada, les deja pasar de tres en tres.

El bloque es una corrala de la que cuelga ropa por todas partes. En la tercera planta, piso 5º, ni un solo cartel anuncia un servicio de gestoría. Abre la puerta una joven latinoamericana, que pregunta a las visitas si vienen 'por los papeles'. Al comprobar que es así, les dice que pasen al fondo de la sala. En esos 20 metros cuadrados, hay una peluquería de mobiliario de color rosa, una cocina central en la que otra mujer se encarga de vigilar dos ollas y dos niños, así como una pequeña estantería donde se ve material de papelería.

En la calle, los vecinos y comerciantes conocen las actividades que realiza Mercado desde hace meses. Un trabajador de un bar cercano explica que, de vez en cuando, se producen peleas por errores en la tramitación de los documentos. ICOGAM alerta de la falta de garantías que ofrecen estas empresas.

Los gestores colegiados cuentan con un seguro de responsabilidad civil de hasta 600.000 euros por colegiado y siniestro, para cubrir posibles errores en las gestiones.

'Si nos dejas el documento ahora [11.15], te lo devolvemos con el sello a las 14', asegura la improvisada recepcionista a quienes le preguntan. Fátima desconfía. 'Parece brujería', dice. 'Tenemos cita a las 12, podemos conseguirlo', promete la representante de Obi Express. La distancia entre la calle Almadén y la sede del Ministerio, en Juan de Mena 4, es de un kilómetro.

Cuando Fátima vuelve a la hora convenida, los documentos tienen estampada la palabra 'legalizaciones'. Aun así, tiene miedo. '¿Has visto todos esos sellos que tenían junto a la cocina?', pregunta al salir del portal. Muestra los certificados con el sello y la firma del Ministerio, pero rechaza que le hagan fotografías. 'Ahora sólo espero que la Policía no me ponga pegas cuando los entregue', confiesa.