'Ha llegado el momento de que se parcele' para dar una respuesta más eficaz la investigación del caso ERE, que instruye la jueza Mercedes Alaya. Con estas palabras, el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha expresado su apoyo de que la causa se fraccione en piezas separadas para que el Tribunal Supremo asuma la instrucción de los aforados, como son los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

En un desayuno informativo, Torres-Dulce ha expresado su respeto al trabajo de la jueza titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que instruye el caso ERE desde hace cinco años con más de un centenar de imputados. Pero ha considerado 'positivo' que parcelar el proceso en piezas separadas para agilizar la instrucción de la causa. Una vez delimitado el objeto de la investigación, y las personas que podrían tener responsabilidades penales, Torres-Dulce es partidario de derivar la instrucción de las personas aforadas a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es la que tiene el fuero en estas causas.

Los tribunales de instrucción que podrían corresponder para instruir este sumario serían el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, para los diputados autonómicos, el Tribunal Supremo y el propio juzgado de instrucción 6, en función del aforamiento de las personas a las que se pueda imputar una responsabilidad penal. En el encuentro, Torres-Dulce también se ha mostrado favorable a apoyar alguna cuestión de constitucionalidad frente a la limitación de la justicia universal en España, en el caso de que lo promueva alguno de los jueces de la Audiencia Nacional que instruyen estas causas, ya que allí hay más de una docena de casos abiertos.

La Fiscalía 'no tendría inconveniente' en que el Tribunal Constitucional, 'máximo órgano de garantías constitucionales' analice la reforma de la Justicia Universal. 'Si lo plantean los jueces seríamos sensibles a examinar caso a caso'. Su reflexión sobre esta reforma ha contenido una crítica: que la limitación de la justicia universal se haya realizado en España a través de una proposición legislativa del grupo popular en el parlamento, fórmula que ha impedido los informes previos del Consejo Fiscal, el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, órganos que hubieran señalado las deficiencias técnicas de la reforma.

Torres-Dulce ha destacado que la postura del ministerio público se abordará de forma individualizada en cada proceso. En unos se estudiará si se aplica la reforma y se archivan; en otros su se instruye como terrorismo -caso del cámara José Couso- o si se apoya el recurso al Constitucional. 'Nos movernos con un examen ponderado', ha apostillado. Además, ha reconocido la existencia de un escrito, remitido por los fiscales de la Audiencia Nacional, en el que se ponía de manifiesto que la reforma 'podría dificultar la investigación de casos de narcotráfico y terrorismo'.

A preguntas del público, Torres-Dulce ha desmentido que la Fiscalía esté investigando a la Asamblea Nacional Catalana para ilegalizarla, en contra de lo publicado por un diario. 'Nosotros no estamos investigando, en este momento, a la Asamblea Nacional Catalana', ha dicho textualmente. El máximo representante del ministerio fiscal ha expresado que la ley de partidos tiene definidas de forma clara las circunstancias de una ilegalización, que supone una grave decisión por cuanto afecta a derechos fundamentales como la participación democrática. Y ha asegurado que 'en cuanto se desbordaran esos criterios, nosotros podemos y debemos actuar respecto a la petición de ilegalización de partidos políticos'.

¿Y si la ACN sacara las urnas a la calle para realizar un referéndum en Catalunya, le han preguntado? 'Nunca cruzo un puente antes de llegar a él', ha respondido. Preguntado por la solicitud, por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, de informes sobre los desórdenes desencadenados durante la manifestación celebrada el pasado 22 de marzo, Torres-Dulce ha asegurado que se trata de establecer la 'competencia' de este tribunal y ha precisado que el Ministerio Público parte de una simple 'hipótesis de trabajo'.

La Fiscalía ha pedido 'información a los órganos especializados de la policía, no disponemos aún de ella, no me gusta avanzar nada', ha respondido respecto a la posibilidad de que se instruya una causa en caso de que se demuestre la participación de Resistencia Galega en estos desórdenes. En cualquier caso, toda 'manifestación de tipo violento debe tener una adecuada respuesta'. El Fiscal General del Estado se ha mostrado partidario de reformar la figura de la acusación popular. Y ha reconocido que es 'evidente' que se está abusando de esta figura en algunos procesos. Por ello, defiende 'una reflexión' sobre su uso.

También ha defendido la figura del indulto en el desayuno organizado por Europa Press en Madrid. 'No sería justo' privar al Gobierno de esta posibilidad, aunque también ha considerado positivo que la medida de gracia esté motivada, como ha señalado la jurisprudencia del Supremo.

Tampoco ha querido opinar sobre las llamadas 'devoluciones en caliente' ya que su regulación corresponde a criterios 'políticos y legislativos', y él no hace valoraciones sobre asuntos políticos. Ni ha entrado a valorar el problema de la avalancha de inmigrantes en las fronteras como Ceuta y Melilla y los muertos que se han producido últimamente. Es una tragedia humana, que debe ser tratada 'con los instrumentos del Estado de Derecho'.