Publicado: 13.02.2014 07:00 |Actualizado: 13.02.2014 07:00

Los trabajadores del Fogasa se movilizan contra su colapso

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Dos perfiles son los afectados por este problema: por un lado los trabajadores cuyas empresas se han ido a la quiebra dejándoles salarios atrasados, indemnizaciones por despido pendientes de pago y la cuantía de la extinción de su contrato. Por otro, los funcionarios del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), organismo dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que se hace cargo de gestionar los expedientes de estos trabajadores y abonarles su correspondiente prestación.

El Fogasa está literalmente desbordado, según denuncian los sindicatos. Los expedientes se acumulan y los funcionarios que los tramitan no dan abasto, lo que supone un retraso exagerado para que el trabajador despedido pueda cobrar lo que le corresponde por ley.  

En la actualidad hay 180.000 expedientes sin resolver, según denuncian los sindicatos CCOO y UGT. Un colapso que llevan denunciando desde que comenzó la crisis, dando lugar a verias huelgas por la falta de recursos de los funcionarios. Contra este colapso han convocado movilizaciones para este jueves en las oficinas del Fogasa y las delegaciones del Gobierno de todo el país a partir de las 12.00 horas "en defensa de los derechos de los trabajadores", tanto de los que los gestionan como de los que esperan la resolución, que en muchos casos carecen de recursos al haberse quedado sin empelo.

La crisis económica ha disparado el número de trabajadores que tienen que acogerse al Fondo de Garantía Salarial. De 39.032 casos resueltos en 2007 se pasó a 154.357 en 2013, según datos de UGT. Pero los funcionarios que tramitan esos expedientes no han aumentado en número y, en gran cantidad de casos, se rebasa el plazo legal de tres meses que marca el Reglamento del FOGASA, llegando a un retraso en la resolución de las prestaciones de casi 2 años, denuncia el sindicato.

De 39.032 casos resueltos por el Fogasa en 2007 se ha pasado a 154.357 en 2013La  medida del Ministerio para hacer frente a la avalancha de expedientes fue "externalizar" la tramitación. La empresa pública Tragsatec asumió el encargo de digitalizar los expedientes, pero CCOO y UGT aseguran que "no está dando los resultados que esperaban, al contrario, los expedientes sin resolver están aumentando".

De los 150.000 expedientes que se le entregaron hace cinco meses, aún quedan 50.000 por digitalizar, es decir, que aún no han comenzado a tramitarse. Precisamente Tragsatec está llevando a cabo un ERE con el que pretende despedir a cientos de trabajadores, por lo que la agilidad en su tarea no se espera mayor.

Ambos sindicatos mayoritarios se reunieron el martes con la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, y con el secretario general del Fogasa, Juan Carlos Arce para solicitar "un plan de actuación urgente" que solucione la situación de los trabajadores afectados, sobre todo de Madrid, Barcelona y Valencia; donde se acumulan más expedientes.

Este organismo público es el recurso al que un trabajador despedido puede acogerse para recibir sus únicos ingresos si no ha conseguido otro empleo. Si a su colapso burocrático se le añade el recorte presupuestario que sufrió con los últimos PGE y las reformas en materia laboral y presupuestaria que el PP ha acometido desde que empezó a gobernar, la cobertura que el Fogasa ofrece al ciudadano está en sus niveles más bajos, al igual que su liquidez.

El Gobierno ha reducido la prestación del organismo un 40%

En 2012, mediante un Real Decreto, el Gobierno redujo los topes para el cálculo de la prestación que abona  el organismo, pasando la base de cálculo del triple del salario mínimo interprofesional al doble y de 150 días abonados a tan solo 120. Según UGT, esto supone una reducción de más del 40% en la cobertura de las remuneraciones salariales para aquellos trabajadores cuya empresa se declare insolventes o en concurso de acreedores.