El Tribunal Europeo de Derechos Humanos informó hoy al Gobierno español y a los abogados de Angel Vaquero, Enrique Dorado, Felipe Bayo, Enrique Rodríguez Galindo y Julen Elgorriaga de la admisión parcial de las demandas presentadas por el juicio y las sentencias del caso Lasa y Zabala.

El ex general Rodríguez Galindo, sus tres subordinados y Elgorriaga (ex gobernador civil de Guipúzcoa) fueron condenados por la Audiencia Nacional española el 26 de abril de 2000 por delitos de asesinato y detención ilegal a penas de entre 68 años y 8 meses y 74 años de cárcel.

Además, se les prohibió ejercer cargos públicos y fueron condenados a indemnizar a los herederos de los presuntos miembros de ETA José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala.

El tribunal con sede en Estrasburgo (noreste de Francia) no admitió, sin embargo, la queja relativa a la violación del artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (derecho a ser juzgado ante un tribunal imparcial) en relación con las demandas presentadas en enero de 2003.

En cambio, la Sala, presidida por el juez andorrano Josep Casadevall, sí decidió estudiar las quejas relativas a los derechos a un juicio justo en general, a la presunción de inocencia y a los derechos de la defensa.

Vaquero, Dorado y Bayo, representados por el abogado Jorge Argote, presentaron su demanda el 14 de enero de 2003, el mismo día en que el ex general de la Guardia Civil, Rodríguez Galindo, cuya defensa corre a cargo de José Mara Fuster-Fabra.

Ocho días después depositó su queja Elgorriaga, ex gobernador civil de Guipúzcoa y ex delegado del Gobierno en el País Vasco, defendido por Francisco Javier Lozano.

Los cadáveres de los dos presuntos miembros de ETA, que habían desaparecido en octubre de 1983, fueron encontrados en Bussot (Alicante), el 20 de enero de 1985.

La policía judicial inició una investigación, diez años después, tras las informaciones aparecidas en prensa sobre los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).

Los cinco condenados se presentaron en casación ante el Tribunal Supremo, que confirmó las condenas de la Audiencia Nacional e incluso aumentó en 4 años la condena de Elgorriaga.

El Tribunal Constitucional rechazó el 22 de julio de 2002, por 7 votos contra 5, los tres recursos de amparo presentados por los demandantes.

En los escritos, todos los demandantes, excepto Rodríguez Galindo, estiman parciales las conductas del juez instructor y de algunos jueces de la Audiencia Nacional. Bayo expone además que sufre de un problema de bipolaridad, manifestado en varias tentativas de suicidio.

Elgorriaga califica de sorprendente la postura que defienden ahora los servicios jurídicos del Estado ante el Tribunal de Estrasburgo, diametralmente opuesta a la mantenida en su momento ante el Tribunal Constitucional y la Audiencia Nacional.