El Tribunal Superior de Justicia de Madrid aceptó el martes la competencia para investigar el "caso Gürtel", pero pidió también un informe del fiscal que permita averiguar si hay algún aforado nacional en este proceso sobre presunta corrupción, en el que están implicados algunos cargos del Partido Popular.

Al aceptar la competencia, como había solicitado el juez Baltasar Garzón, que inició la investigación, el TSJM reclama en un auto todas las actuaciones realizadas por el magistrado de la Audiencia Nacional, sin perjuicio de que también lo pueda pedir el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

Garzón pidió inhibirse ante los tribunales regionales de Madrid y Valencia al considerar que había indicio de delitos contra cinco aforados del PP en estas dos comunidades: tres diputados de la Asamblea de Madrid, además del secretario general del partido en Valencia, Ricardo Costa, y el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps.

En un auto remitido a la prensa, el TSJM dijo que de las pesquisas parece desprenderse que los diputados regionales Alberto López Viejo, Alfonso Bosch Tejedor y Benjamín Martín Blanco percibieron importantes cantidades de dinero por la mediación para adjudicar contratos a empresas relacionadas con los principales imputados en esta causa.

"Los hechos que resultan de estos primeros indicios reúnen, inicialmente, los caracteres de infracciones penales que podrían corresponder a los delitos de cohecho", según el documento de la Sala de lo Civil y Penal del TSJM.

El "caso Gürtel", en el que hasta ahora hay 53 imputados, ha enviado ya a la cárcel a tres personas, entre ellas el presunto jefe de la trama, el empresario Francisco Correa, acusados, entre otros, de los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho, asociación ilícita, tráfico de influencias y falsedad.

Según las conclusiones de Garzón, Correa obtuvo, a raíz de la relación directa con responsables del PP, la adjudicación de eventos, concesiones y contratos con el PP a nivel nacional, y también en Madrid y Valencia.

El PP niega cualquier conocimiento e implicación en el entramado de presunta corrupción y se ha querellado ante el Supremo contra Garzón, al que considera enemistado con la formación conservadora, por prevaricación.