El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado las condenas de entre 6 años y 10 meses y 9 años de cárcel impuestas al ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca y a José Luis Sierra y Manuel Jorge Castel en el llamado "caso Saqueo" por el desvío de fondos del consistorio.

Así lo ha acordado la sala de lo penal del Alto Tribunal en una sentencia, en la que desestima los recursos de los condenados contra la resolución dictada el año pasado por la Audiencia Nacional.

La Audiencia condenó por el desvío de fondos del consistorio entre 1991 y 1995 a Sierra y Castel a 9 y 8 años de cárcel, respectivamente, y a Roca a 6 años y 10 meses, mientras que absolvió a otros tres procesados en la causa.

Además, acordó que los condenados indemnizaran al Ayuntamiento de Marbella con casi 23 millones de euros por los perjuicios causados.

Los abogados pidieron al Supremo que sus patrocinados fueran absueltos porque en su opinión la Audiencia Nacional no valoró la prueba.

Roca alegó que la Audiencia había hecho un "corta y pega" de las declaraciones de los imputados y de los testigos.

Al respecto, el Supremo señala que, aunque tiene razón el recurrente cuando lamenta la técnica que ha inspirado la redacción de la sentencia porque "su estructura formal, desde luego no es modélica", pese a ello la resolución "no presenta una carencia argumental que provoque la vulneración del derecho que se dice denunciado".

El TS subraya que "la constancia documental de la anarquía contable a la que los acusados sometieron al Ayuntamiento de Marbella (..) está incorporada a la causa y es susceptible de ponderación en toda su minuciosidad" y destaca el "panorama de absoluto descontrol del gasto municipal" que existía.

La sentencia declaró probado que desde la llegada a la alcaldía en 1991 del Grupo Independiente Liberal (GIL), el ex alcalde Jesús Gil fue aconsejado por Sierra, quien concibe la idea de crear varias empresas sujetas a la legislación mercantil "bajo el aparente designio de que la gestión de los servicios municipales sería más ágil".

Según la sentencia, la existencia de 31 sociedades municipales, que "se nutrían" de las subvenciones y transferencias de dinero público del consistorio, "degeneró" en una situación de "opacidad".

Para dar cobertura a la distracción de fondos públicos -explica- Sierra, Castel y Roca "se concertaron con otras personas no enjuiciadas y con vínculos más estrechos con el Ayuntamiento en la ideación y puesta en práctica de una serie de actividades encaminadas a crear una apariencia contable de gastos, con objeto de justificar el uso de las cantidades detraídas".

Para el TS, Roca "no era uno más", sino que tuvo conocimiento de que por medio de las citadas sociedades "se iba a iniciar un proceso de facturación absolutamente irreal, pero que iba a dar cobertura a un desapoderamiento de las arcas municipales próximo a los cuatro mil millones de pesetas (unos 24 millones de euros)".

Según añade, la neutralización de todos los mecanismos jurídico-contables llamados a fiscalizar el uso de fondos públicos tiene su origen en la concertada actuación de los tres acusados.

Sobre Castell señala que no se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia y respecto a Sierra concluye que "él mismo ideó un sistema de caja única y controló su funcionamiento cotidiano" y "fue en definitiva el que expuso los bienes municipales al riesgo de un gasto cuasiclandestino".