El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) cree que las exenciones fiscales a la empresa pública española de astilleros Navantia en El Ferrol podrían constituir una ayuda pública prohibida en la normativa europea, pero deja la decisión final en manos de un juzgado gallego. 'La exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) anteriormente descrita puede constituir una ayuda de Estado. No obstante, el mencionado Juzgado (Juzgado Contencioso-administrativo número 1 de El Ferrol ) deberá comprobar (...) si dicha exención debe calificarse de ayuda de Estado en el sentido del citado artículo', dijo el jueves el TJUE, con sede en Luxemburgo.

La Corte apuntó que los astilleros de Navantia que se sitúan en este terreno 'producen bienes y prestan servicios que pueden ser objeto de intercambios comerciales entre los Estados miembros en mercados abiertos a la competencia'. Dados todos estos factores, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que, en este caso, la legislación comunitaria sobre competencia 'debe interpretarse en el sentido de que puede constituir una ayuda de Estado, prohibida'. 'No obstante, incumbe al Juzgado remitente comprobar si (...) tal exención debe calificarse de ayuda de Estado' incompatible, teniendo en cuenta todos los detalles del litigio y los criterios que aporta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia.

En el ejercicio fiscal de 2008 y en los ejercicios sucesivos, el Estado español y Navantia solicitaron al Concello de Ferrol la exención fiscal del IBI que gravaba la parcela en la que está situado el astillero, lo que fue denegado por las autoridades locales. El Estado español cedió en 2001 la parcela de 932.348 metros cuadrados a la constructora naval Navantia, de la que posee la totalidad de su capital, a cambio del pago de un euro al año, recordó el TJUE en su sentencia.

La denegación fue impugnada ante los tribunales y en octubre de 2012 el Tribunal Superior de Justicia de Galicia declaró que procedía conceder la exención fiscal solicitada, devolviendo el asunto al juzgado de Ferrol, que acudió entonces al tribunal europeo.

El juzgado de Ferrol, que deberá dictaminar, argumentó ante el TJUE que 'la exención reforzaría la posición competitiva de Navantia en los mercados en los que desarrolla sus actividades militares y civiles, pudiendo provocar un falseamiento de la competencia y afectando a los intercambios comerciales entre los Estados miembros'.