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El Tribunal de la UE pide a la CE más argumentos sobre su visto bueno a las ayudas al carbón

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El Tribunal de Justicia de la UE pedirá más argumentos a la Comisión Europea (CE) que respalden su decisión de autorizar las ayudas de España al sector del carbón, tras suspender cautelarmente dicha medida, según anunciaron hoy a EFE fuentes oficiales de la corte de Luxemburgo.

La máxima instancia judicial europea ha ordenado la paralización provisional de las compensaciones a las compañías eléctricas españolas que utilizan carbón autóctono para producir electricidad, a raíz de un recurso presentado por las empresas Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa.

El Tribunal de la UE ha decidido suspender de forma cautelar la decisión de la Comisión Europea (CE) de autorizar dichas ayudas con vistas a analizar más información todas las partes implicadas, explicaron fuentes judiciales.

Para ello, la corte de Luxemburgo convocará próximamente a la Comisión y a las citadas compañías españolas a que presenten sus argumentos en una vista oral o por escrito, según las mismas fuentes.

El pasado 29 de septiembre, la CE dio luz verde al Real Decreto español que permite conceder ayudas a las empresas eléctricas que empleen carbón autóctono hasta el 31 de diciembre de 2014.

Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa recurrieron esta decisión ante la justicia europea ya que consideran que la autorización del Real Decreto del Carbón es contraria a otras disposiciones del Tratado de la UE como las que regulan la libre circulación de mercancías y el mercado interior de la electricidad.

Las compañías litigantes sostienen que esta medida perjudicará a las centrales eléctricas que utilizan carbón importado y a las de ciclo combinado (que consumen gas natural), que serían expulsadas del mercado.

La suspensión cautelar no prejuzga el resultado de las deliberaciones de los jueces, según recordaron las antes citadas fuentes judiciales.

Tras esta decisión provisional del Tribunal, el siguiente paso del caso será la emisión de un auto en el que se mantendrá o se levantará la suspensión de las ayudas, lo que podría llevar varias semanas o varios meses, según las mismas fuentes.

Por último, la corte de Luxemburgo dictará sentencia sobre el caso, un proceso cuya duración media es de unos dos años.