El Tribunal Supremo reconoce en una nueva sentencia el derecho de los alumnos que lo pidan a recibir sus clases en castellano y catalán como lenguas vehiculares, aunque sin que la Generalitat tenga que reformar de forma global el sistema de inmersión lingüística en Catalunya.

El Supremo desestima así el recurso presentado por la asociación Convivencia Cívica Catalana, en representación de una familia que solicitaba la escolarización en castellano, contra un auto de la sala contencioso-administrativa del TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Catalunya) que avaló el modelo de inmersión lingüística, pero garantizando la escolarización individual de los alumnos.

Ese auto del TSJC zanjaba, en marzo del año pasado, la polémica resolución en la que ese mismo tribunal dio un ultimátum de dos meses a la Generalitat para implantar el castellano como lengua vehicular en las escuelas, en ejecución de una sentencia del propio Tribunal Supremo.

No obstante, la sala contencioso-administrativa del TSJC advirtió a la Generalitat de que no había ejecutado debidamente la resolución del Supremo, por lo que instó a que se adoptaran las medidas para que el castellano sea lengua vehicular en el caso de las familias recurrentes, 'reconociéndose en tal sentido su situación jurídica individualizada'.

En su fallo de hoy, el Supremo aclara el sentido de su sentencia de diciembre de 2012 que dio pie al polémico ultimátum y precisa que el derecho que reconoció a la familia recurrente era a que sus hijos fueran escolarizados con el castellano y el catalán como lenguas vehiculares 'en el centro y curso' en que estén inscritos.

Para ello, mantiene el Supremo, la Generalitat deberá adoptar 'las medidas precisas', aunque el tribunal no cree necesario que deba reformar de forma global su sistema de inmersión lingüística.

En su nueva sentencia, el TS insiste en que su fallo debe interpretarse como un reconocimiento de que el derecho de los recurrentes a ser escolarizados en castellano 'no se satisfacía con la prestación a sus hijos de una atención particularizada' en esa lengua, 'sino con la entera transformación del sistema'. '(...) De modo que sus hijos junto con sus condiscípulos utilizaran, en la proporción que la Generalitat estimase conveniente, el castellano como lengua vehicular en la enseñanza, pero referido ese sistema al seguido en el colegio y curso en que los hijos del recurrente siguieran la enseñanza', añade el fallo del Supremo.

Tras conocer la sentencia, la consellera catalana de Enseñanza, Irene Rigau, ha exigido al ministro de Educación, José Ignacio Wert, 'un cambio de mantra', una vez que se ha establecido que no es necesario cambiar el sistema de inmersión en catalán para garantizar la enseñanza en castellano a los alumnos que lo soliciten.

Rigau ha mostrado su satisfacción por la nueva sentencia del Tribunal Supremo que reconoce el derecho de los alumnos catalanes a ser escolarizados en castellano y catalán, en el centro y curso en los que éstos estudien, sin que ello afecte de forma global al sistema de inmersión lingüística en Catalunya.

Rigau: 'El fallo respeta los derechos de otras familias'

La consellera ha interpretado que el fallo del TS no obliga a cambiar el modelo en el aula o el colegio al que asista el alumno cuya familia quiera que aprenda en castellano, 'porque también están los derechos de las otras familias' y ha recordado que esta sentencia afecta a un caso y que quedan los recursos presentados por otras cuatro familias, aunque confía en que el Supremo siga su jurisprudencia.

Rigau ha opinado que la sentencia del TS 'ratifica que lo que toca es la atención individualizada y no cambiar el sistema'. Y ha defendido un modelo de inmersión que, a su juicio, garantiza que al final de la enseñanza obligatoria los alumnos dominen tanto el catalán como el castellano. La Generalitat, ha subrayado, nunca 'separará por razón de lengua' ni aplicará una doble línea de enseñanza, una en castellano y otra en catalán, porque 'no favorece la cohesión social', por lo que, ha dicho, 'nunca avalaremos un modelo de separación'.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha celebrado el fallo porque 'viene a decir que el modelo no hay que tocarlo, que es bueno y que está bien'. Lo ha dicho en rueda de prensa en la Generalitat, tras reunirse con el presidente de Flandes (Bélgica). Según Mas, con el actual modelo 'ya se prevé la atención individualizada' para las familias que lo piden, y ha valorado que la inmersión es fundamental para garantizar la cohesión social de Catalunya.

Mas: 'Si se eligiera la lengua, romperíamos el sistema educativo'

'Si se eligiera la lengua, romperíamos el sistema educativo en Catalunya y romperíamos la población en base a la creación de líneas totalmente diferenciadas', ha añadido el presidente. Ha recalcado que la inmersión tiene un consenso 'muy mayoritario' en la comunidad educativa y también entre los principales agentes sociales y políticos, y de ahí que defienda su vigencia y continuidad.

Europa Press

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha recalcado este martes que la sentencia del Tribunal Supremo sobre la inmersión lingüística avala lo recogido en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), al defender en ella la 'necesidad de garantizar la educación en ambas lenguas'.

En un comunicado, el departamento de José Ignacio Wert subraya, no obstante, que el TS avala la Lomce y pide en el contenido dispositivo de la sentencia que 'se garantice la educación en ambas lenguas', al mismo tiempo que recuerda que en la misma se recoge que la Generalitat de Catalunya 'no cumple con lo ordenado en la sentencia ya que la enseñanza individualizada no es suficiente'.

En este sentido, Educación se apoya en la sentencia de origen que ha dado lugar a la decisión del TS --sobre si la Generalitat debía tomar medidas solo en casos concretos o de manera generalizada-- para recordar que el alto tribunal ha fallado sobre 'una decisión individualizada y no una modificación del sistema'.

'Las conclusiones generales son las mismas que llevaron a introducir un artículo en la Lomce para aclarar esta cuestión', ha defendido el departamento de Wert, en referencia al artículo que establece que las Comunidades Autónomas con lengua cooficial tienen la obligación de pagar los colegios privados a las familias que deseen ser escolarizadas con el castellano como lengua vehicular.